Tenencia colectiva en las playas, áreas de bajamar y manglares de Barú

Este proyecto se sitúa en una coyuntura específica: la importancia de refrendar los derechos colectivos de tenencia de tierras y bosques de los grupos étnicos. Esto debido a la reorganización del sistema institucional estatal con competencias en materia de tierras y los difíciles trámites administrativos en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras que tienen a cargo la titulación colectiva. Por ello, este proyecto de investigación le apunta al levantamiento de información histórica, cartográfica, ambiental y legal para dar cuenta de la tenencia colectiva de las áreas que la comunidad ha solicitado en titulación colectiva. La seguridad en la tenencia es uno de los elementos que aporta al desarrollo de medios de vida sostenibles, pues la formalidad en los sistemas de propiedad es un incentivo para la protección del territorio (Cole & Ostrom, 2012). El manejo colectivo de los recursos naturales es frecuentemente asociado a bajas tasas de deforestación y degradación ambiental (Ostrom,1999; Larson, 2008). Sin embargo, las interrelaciones entre bienes sociales, físicos, humanos, financieros y naturales son necesarias para alcanzar de manera equitativa inclusión social, viabilidad económica y conservación de la biodiversidad (FAO, 2002). Adicionalmente, la garantía en la capacidad de resistencia o recuperación de los medios naturales y sociales ante situaciones de estrés, así como el mantenimiento de sus servicios, competencias y bienes es igualmente importante (FAO, 2002). En Barú no hay propiedad comunal legalizada, sin embargo, hay espacios de la península que son habitados y utilizados bajo regímenes colectivos (OTEC, 2014). A la par de las exigencias comunitarias por sus derechos de propiedad, otros sistemas de tenencia se sobrelapan con el territorio ancestral. Se hace necesario diferenciar entre propiedad y derechos frente a los recursos. Por un lado, la propiedad trae implícito un carácter de formalidad, pues existen normas establecidas y protegidas por el estado (Larson, 2013) y aunque abarca un conjunto de derechos que matizan la tenencia (acceso abierto y propiedad comunal), puede clasificarse como pública o privada (Larson et al. 2009; Larson, 2013). Frente a los recursos naturales, se incluyen los derechos de acceso, extracción, manejo, exclusión y alienación (Schlager & Ostrom, 1992), determinantes en los sistemas anidados de uso y gobernanza. De raíz Barú es territorio colectivo, algunos baruleros2 tienen espacios de propiedad individual, existen predios privados de foráneos convertidos en hoteles de lujo y casas de recreo principalmente, baldíos del estado y además se solapa con áreas de conservación del PNN Islas del Rosario y San Bernardo. La península es entonces el resultado de la intersección de distintos sistemas de tenencia de la tierra. Todos los actores involucrados en este sistema, creen tener la potestad sobre el territorio y así decidir quién usa los recursos, por cuanto tiempo y bajo qué condiciones. Esta circunstancia trae alianzas y disputas, pues no siempre los intereses de todos están alineados. El Estado ha jugado un papel crítico en estas transformaciones. La declaratoria del PNN en 1977 y la adición de nuevas hectáreas en 1987 y 1996 son hitos en Barú con respecto a los derechos frente a los recursos para la comunidad. Adicionalmente, en el año 2005, se hizo público el documento CONPES 3333, acerca de los lineamientos para el proyecto turístico Playa Blanca Barú. La oficialidad del escrito parece jugar en contra de las comunidades asentadas en el territorio que se planea intervenir. Allí, se les denomina como un pueblo ¿limitado en materia de desarrollo económico, generación de ingresos, fomento de empleo, protección del medio ambiente y gestión de grandes proyectos¿ (CONPES 3333, 2005), asumiendo estas condiciones como indispensables para el mejoramiento de su calidad de vida, ignorando sus percepciones frente al desarrollo y favoreciendo proyectos que no necesariamente los incluyen. Vinculado a este documento, está el plan de ordenamiento territorial (POT), que incorpora en el año 2001 los suelos de Barú como suburbanos para desarrollos turísticos. Este cambio, facilitó la intervención de la península con grandes proyectos y complejos turísticos que ¿van adquiriendo más tierras y reduciendo el territorio de Barú¿ (OTEC, 2014 p.53). Por todo lo anterior, esta investigación se propone dar cuenta del estado de la tenencia colectiva en Barú, área, ecosistemas, actores y conflictos, lo que requerirá de una fase de diagnóstico en campo y cruce de fuentes primarías y secundarías que den cuenta del proceso de ocupación, los cambios generados en las coberturas, la formación predial y otros temas clave en un área de 2.446 hectáreas.