Seguridad social y seguridad jurídica: consecuencias de los cambios imprevisibles en las reglas que rigen el acceso y/o condiciones de la pensión

El presente proyecto de investigación busca dar el primer contenido a la línea de Investigación en Derecho Social dentro del Grupo de Investigación en Derecho Económico (próximamente ¿en Derecho Económico y Social¿), como primer paso para la conformación de un espacio abierto de discusión entre los Departamentos de Derecho Económico y Derecho Laboral, dadas sus interrelaciones y la necesidad de dar soporte teórico al desarrollo del énfasis de Derecho Empresarial en la carrera de Derecho. La pregunta que subyace a la investigación es la que sigue: PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ¿Cuáles son las consecuencias, jurídicas y económicas, de los cambios imprevisibles en las reglas que rigen los requisitos de acceso y/o condiciones de la pensión? La Corte Constitucional al menos en dos casos comprobados ha dado efectos retroactivos a sentencias de constitucionalidad (C-428/09 y C-556/09) a través de sentencias de tutela, transgrediendo el artículo 45 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia el cual establece que los efectos de las sentencias de constitucionalidad tienen vigencia hacia el futuro, a menos que dicha Corporación establezca lo contrario. Razones de seguridad jurídica que producen ciertos efectos jurídicos y económicos acompañan al texto estatutario; sin embargo, el cambio imprevisible en la regla de juego no parece tenerlas en cuenta. De otro lado en sentencia C-258 de 2013 la Corte Constitucional aplicó con carácter retroactivo normas de rango constitucional, lo que genera una transgresión al principio general de irretroactividad, lo que desde luego, afecta la seguridad jurídica y genera consecuencias jurídicas y económicas para el derecho social y para los derechos adquiridos. La tendencia a eliminar competencias del órgano legislativo mediante la incorporación a la Constitución de normas que debieran tener rango de ley, que denominamos ¿procesos de banalización de la Constitución¿ generan conflictos que se traducen, en principio, en tensiones que permiten márgenes interpretativos amplios. Sin embargo, ello tiene consecuencias claras desde lo jurídico y económico, también con evidentes repercusiones. Se tiene, a efectos de la presente investigación, como cambio imprevisible aquel que se produce como consecuencia de la creación de excepciones a las reglas, o principios generales comúnmente aceptados, bajo circunstancias críticas. Un ejemplo puede aclarar la situación: En sentencia T-100 de 2009 (19 de febrero) la Corte Constitucional estudió el requisito de fidelidad, declarado inexequible unos meses después por sentencia C-428 de 2009 (1 de Julio). En la sentencia de tutela, la Sala señala: ¿Así las cosas, resulta desproporcionado y contrario al principio de progresividad de los derechos prestacionales la aplicación del artículo 1° de la ley 860 de 2003, puesto que la exigencia de fidelidad al sistema acarrea en el caso objeto de revisión, una regresión en el ámbito de protección de los derechos del demandante, teniendo en cuenta que su afiliación y ciertas cotizaciones, se efectuaron de cara a las condiciones previstas en la legislación anterior a la ley 860 de 2003, esto es el artículo 39 de la ley 100 de 1993, que exigía, a quienes vinieren afiliados y cotizando al sistema, tan sólo 26 semanas en cualquier tiempo antes de la estructuración de la invalidez, sin contemplar el mencionado requisito de fidelidad.¿ Esta sentencia muestra que la Corte conocía de antemano los problemas (graves) de constitucionalidad que el requisito de fidelidad implicaba; y sin embargo, al momento de estudio de constitucionalidad en la instancia apropiada no decretó efectos retroactivos a su sentencia, para posteriormente, dar efectos retroactivos a través de sentencias de tutela. A situaciones como la mostrada, la denominamos cambios imprevisibles, pues implican un grado de volatilidad demasiado alto que afecta la previsibilidad del ordenamiento y que implica consecuencias en materia de seguridad jurídica. Conforme con lo anterior, es pertinente indagar sobre las consecuencias que, en acceso a la pensión, y en la población que dichos cambios afecta.