Restitución de tierras, proyectos productivos y espacialidades capitalistas

Desde 1991 hasta 2012, al menos 10 millones de hectáreas han sido abandonadas o despojadas por la fuerza (CNMH, 2013). El despojo de tierras se interpreta como una de las estrategias para la consolidación del modelo neoliberal en el campo. A la par del rediseño de las políticas de comercio exterior para la liberalización del mercado (reformas tributaria, arancelaria, portuaria, cambiaria, de capitales extranjeros), se desplegó un repertorio de violencias y de acciones criminales, encaminadas a configurar a la fuerza ¿una nueva espacialidad capitalista¿ (Estrada, 2010, p.35). Esta se caracteriza por la transformación de las relaciones de propiedad, la ¿resignificación de la tierra como fuente de valorización capitalista, la promoción de megaproyectos infraestructurales y energéticos; y de un nuevo tipo de agricultura de plantación¿ (p, 35). CNRR (2009) explica que el despojo masivo y violento de tierras, al tener como telón de fondo la implementación de las reformas neoliberales, apuntó a la consolidación de un tipo de modelo de desarrollo rural. En el que se reduce significativamente el papel de las economías campesinas en la producción de alimentos, privilegiándose actividades económicas a gran escala como las plantaciones agroindustriales, los megaproyectos, la ganadería extensiva y las explotaciones de recursos naturales y mineros (OIDHACO, 2013). Atacar el despojo ha sido uno de los ejes de la formulación y puesta en marcha de la Ley 1448 de 2011, la que se constituye en uno de los principales mecanismos de justicia transicional en Colombia. Tal como señala Luna (2013, p. 62) esta ¿consagra la restitución de tierras a víctimas del conflicto armado y promueve la devolución de propiedades a desplazados de la violencia¿. Sin embargo, consideramos que la justicia transicional no es neutral, al contrario, y tal como señala Sharp (2014), la finalidad de toda transición es la consolidación de la democracia liberal y la economía de mercado. Bajo esta lógica los mecanismos que la constituyen¿programas de reparación, reformas institucionales, etc. ¿ están orientados a crear las condiciones para extender la ¿relación social capitalista a territorios anteriormente no sometidos en forma directa o abierta a las dinámicas de acumulación; o a la redefinición del papel de los territorios ya vinculados a esta¿ (Estrada,2010). Siguiendo a Truberk (1972) la justicia transicional, como una herramienta del derecho, funciona como un mecanismo para la implantación del capitalismo (modelo económico global). Por su parte Sharp (2014, p. 25) señala que esta ¿tends to reflect a paradigm of liberal internationalism in which faith in market economies and Western-style liberal democracy is conceived as the unique pathway to peace¿. Con base en lo anterior, planteamos que, aunque la restitución de tierras está encaminada a la reparación de las víctimas del conflicto armado, también pretende legitimar el modelo de desarrollo rural, que, entre otros, se comenzó a configurar con el entronque entre reformas neoliberales y conflicto armado. Es decir, consolidar las condiciones para la viabilidad del mercado de tierras, para la modernización del sector agrario, para la reconstitución de las víctimas como nuevos sujetos productivos y para la instauración de territorialidades con características económicas específicas. Consolidación, que aun cuando sigue buscando la inserción del campo colombiano en el circuito capitalista nacional e internacional, se supone que no tiene como dinamizador la violencia y el despojo. En este sentido la restitución se considera uno de los cimientos que permitirá a Colombia alcanzar la modernización del campo. Por un lado, acreditar la propiedad y la seguridad sobre la posesión de la tierra resulta clave para el funcionamiento eficiente del mercado de tierras, condición clave para atraer inversión privada. Frente a este aspecto Uprimny y Sánchez (2010, p. 305) reconocen que la restitución apunta a corregir ¿la ilegalidad del despojo y aclarar los títulos y los derechos individuales sobre los bienes, lo cual serviría para dinamizar el mercado de tierras y dar vía a una política de desarrollo rural que modernice la producción agraria con base en la gran propiedad¿. Por otro lado, como uno de los componentes de la restitución se ubican los programas de proyectos productivos que ¿representan una de las principales herramientas de sostenibilidad de la restitución¿ (DNP, 2015, p. 1). El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es la instancia encargada de dar los lineamientos para el diseño y desarrollo de estos proyectos. Estos apuntan a la modernización de la economía campesina y a la constitución de un modelo de desarrollo rural en el que el Estado pretende integrar a las víctimas al esquema productivo del país (MADR y URT, 2014). Estos proyectos corresponden a un conjunto de acciones para: facilitar el acceso de las víctimas restituidas a información financiera, tecnológica y de mercado; capacitarlos en desarrollo empresarial y procesos asociativos; viabilizar el acceso a servicios de desarrollo empresarial, financieros (microcrédito, garantías, microseguros) y no financieros (asistencia técnica, capacitaciones, parcelas demostrativas); e integrarlos a servicios de monitoreo, seguimiento y evaluación, que les posibilite su ingreso al mercado y el encadenamiento productivo (DNP, 2015, p.2). De esta forma su principal objetivo es: ¿fortalecer la capacidad productiva de las familias restituidas para que den solución a sus problemas socioempresariales y económicos, para que sean gestores del cambio y de la mejora y conservación de los recursos productivos, asociativos y naturales¿ (MADR, 2015). El desarrollo de estos proyectos productivos apunta además a la constitución de sujetos aptos para la dinamización del modelo de desarrollo rural y la constitución de las espacialidades capitalistas. Como afirma Dávalos (2010, las políticas públicas de corte productivo se constituyen en mecanismos para mantener el poder sobre los sujetos y permitir el tránsito de campesinos a empresarios agrícolas. Un ejemplo de esto, es que los proyectos productivos se desarrollan a través de alianzas entre instituciones públicas y el sector privado, con el fin de vincular a las víctimas a negocios inclusivos (emprendimientos) y para crear oportunidades de inserción productiva en cadenas de valor territoriales (MADR, 2015). Así pues, la justicia transicional entendida como ¿las medidas excepcionales y transitorias desarrolladas por los Estados para enfrentar graves violaciones de derechos humanos¿ (Abuchaibe, sf), en el caso de la restitución de tierras y su componente productivo, sirve además como canal articulador entre las aspiraciones de la globalización y las condiciones locales. Si bien esta ley busca reparar a las víctimas con ocasión del conflicto, también busca continuar con la consolidación de un modelo de desarrollo rural que tiene como base ¿la reorganización territorial de lo rural y de sus procesos socioeconómicos¿ (Tobasura, 2009, p. 65) es decir la producción de nuevas espacialidades capitalistas que, no se hacen evidentes de manera inmediata, por la opacidad estratégica de información que subyace frente a tales decisiones. De acuerdo nos preguntamos sobre ¿Cómo la justicia transicional, a través de la restitución de tierras y en particular a partir de los proyectos productivos, viabilizan la constitución de nuevas espacialidades capitalistas?}