Rectoría, fallos de mercado, competencia por rentas y grupos de interés en el Sistema de Salud en Colombia.

La Ley 100 de 1993 implantó un modelo de Aseguramiento Social con integración público-privada y componentes de administración gerenciada. El esquema de financiamiento incluyó la integración de impuestos generales, contribuciones ligadas al salario y recursos descentralizados. El objetivo planteado era lograr la universalización del aseguramiento y la equitación de beneficios a través de un conjunto de garantías explicitas contenidas en un plan de beneficios (Plan Obligatorio de Servicios de Salud, POS). El marco de referencia a la reforma se sustenta en la conceptualización teórica del ¿pluralismo estructurado¿. Este planteamiento buscaba superar las limitaciones de los tres tipos de sistemas de salud vigentes hasta ese momento a través de un modelo novedoso descentralizado y orientado hacia la eficiencia y la generación de bienestar social. Era evidente que en América Latina los modelos de tipo centralizado público no eran viables debido a su costo y requerimiento de recursos, los modelos segmentados habían generado inequidades poblacionales relevante y los modelos de contrato público tenían un desarrollo muy incipiente y relativo altos costos.