Prácticas estatales y comunitarias sobre la naturaleza, los territorios y las poblaciones en el eje fluvial Guayabero-Ariari (1948-2020)

La Declaratoria de la reserva natural de la Sierra de La Macarena en 1948 y la expedición de Ley 2 de 1959 configuraron los primeros hitos del siglo XX en cuanto al ordenamiento territorial en la Amazonia occidental colombiana, que incluye la parte sur del Departamento del Meta, el Departamento del Guaviare y el piedemonte de los departamentos de Caquetá y Putumayo. La Ley 2, que declaró como Zona de Reserva Forestal a buena parte del territorio nacional (Álvarez, 2011), también estableció la tutela del estado sobre esas regiones para planificar estrategias de conservación y desarrollo. Entre 1950 y 1980, la Amazonia occidental fue escenario de procesos sucesivos asociados a diferentes tipos de colonización (dirigida, espontánea y armada -sensu Molano, 1987, 1989) y, a partir de la década de 1980, lo fue de algunas iniciativas de conservación ambiental. Esas iniciativas se concretaron en la creación de parques nacionales naturales estratégicos (e.g. Chiribiquete), para contribuir a la protección de la diversidad ecológica regional, -que en 1959 se reforzó con la declaratoria de la sierra de La Macarena como monumento nacional por su “importancia científica”, según la Ley 163 de ese año, y asegurar corredores ambientales para el tránsito de especies endémicas (Carrizosa, 1989). Al tiempo que iniciaron los esfuerzos estatales de colonización y conservación, esta región del país se convirtió en frontera interna y zona de disputa estratégica entre el estado y grupos insurgentes como las FARC, profundizadas por la configuración de una economía regional que gravitaba principalmente en torno a los cultivos de coca (Jaramillo et al. 1986). Como buena parte de las zonas de frontera interna del país, la Amazonia occidental ha sido representada desde el centro como la contracara o el revés del proyecto nacional (Serje, 2011), hecho que ha implicado el despliegue de acciones estatales diferenciadas (González, 2007) que afectan la estabilización de las relaciones sociopolíticas y económicas que allí ocurren. Luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP en 2016, se abrieron enormes desafíos para zonas históricas dominadas por esa guerrilla y, en especial, para la gestión de sus recursos y la consolidación de sus condiciones socioeconómicas (Rodríguez et al. 2017). En efecto, esta región aún hoy sigue siendo el escenario de agudas disputas territoriales entre agentes estatales, actores privados, grupos armados ilegales y narcotraficantes, por el vacío de poder que ocasionó la desmovilización de las FARC-EP (Tobón y Herrera, 2016). Esas disputas se han expresado en el incremento de las tasas de deforestación sin precedentes en la historia reciente del país (IDEAM, 2017; Semana Sostenible, 2019; Furumo y Lambin, 2020). También han incidido en la recomposición de procesos de acaparamiento de tierras, de estructuración de grupos disidentes, de especulación de tierras y de vulneración de derechos territoriales de los pobladores campesinos e indígenas (Sierra et al. 2017; Armenteras et al. 2019; Hein et al. 2020). Para hacer frente a las condiciones históricas de exclusión de los pobladores rurales de regiones de frontera, el Acuerdo de Paz se planteó como la posibilidad de subvertir las causas históricas del conflicto armado, a partir de intervenciones articuladas especialmente a sus puntos 1 (Reforma Rural Integral) y 4 (Solución al problema de las drogas ilícitas) (Fajardo y Salgado, 2017). Esas intervenciones incorporaron nuevos diseños institucionales, aparatos administrativos y de planeación territorial, que han tenido serias dificultades en su incorporación efectiva a los contextos regionales. Hoy, la implementación del Acuerdo de Paz ha entrado en un proceso de declive y desgaste, con un 65% de las acciones de implementación en estado de no iniciadas o mínimas (Instituto Kroc, 2019), contribuyendo a la frustración de organizaciones y comunidades campesinas e indígenas. Simultáneamente, las tensiones sociopolíticas en la región siguen profundizándose por la falta de soluciones eficaces a las causas estructurales del conflicto armado, asociadas principalmente a la inequitativa distribución de la tierra. Esas intervenciones institucionales demuestran políticas contradictorias y poco eficaces que legitiman formas singulares de comprender la frontera, el territorio, la naturaleza, la seguridad y las poblaciones humanas allí asentadas. Por ejemplo, algunos estudios han señalado la transformación radical que ha operado en el lugar que ocupan las poblaciones indígenas y campesinas en las políticas estatales sobre la región, en las que las primeras pasaron de ser un obstáculo para el desarrollo a ser aliadas de la conservación de la naturaleza, mientras que las segundas pasaron de ser “civilizadoras” de zonas agrestes a ser depredadoras de la naturaleza (Del Cairo, 2019). Otros estudios han evidenciado la invisibilización de las poblaciones campesinas o su reducción como poblaciones fuera de lugar en la región amazónica (Ruiz-Serna, 2003), otros han descrito la emergencia de sucesivas imágenes y estereotipos sobre las selvas amazónicas y sus habitantes que legitiman y naturalizan formas de intervención regional muy particulares (Tovar, 1995) y finalmente, otros autores que han discutido el lugar de los estudios regionales y representaciones sociales sobre la Amazonia como estrategia de construcción del Estado-nación (Ariza, Ramírez y Vega, 1998; Palacio, 2007; Serje, 2013). En este contexto, resulta fundamental identificar cuáles han sido las singularidades de las intervenciones sociales, políticas y económicas del estado en materia de administración poblacional, territorial y ambiental en la Amazonia occidental colombiana y sus transformaciones durante los últimos 70 años, las cuales han incidido en la conformación de un escenario regional marcado por el conflicto y por la permanencia de formas de exclusión social y política, que aún hoy se siguen agudizando. Sobre la base de esas particularidades, este proyecto de investigación busca abordar, desde una perspectiva interdisciplinaria y contextualizada la configuración de las políticas públicas regionales desde la década de 1950 -cuando se declara la reserva de La Macarena- hasta hoy, en el caso concreto de una subregión de la Amazonia occidental colombiana conformada por el sur del Departamento del Meta y el Departamento del Guaviare, particularmente en el eje fluvial Guayabero-Ariari. La pregunta de investigación que orienta este proyecto es: ¿cómo se articulan las narrativas sobre el territorio, la naturaleza y las poblaciones que elaboran las instituciones estatales y las institucionalidades comunitarias en el eje fluvial Guayabero-Ariari? Esta pregunta orienta nuestro esfuerzo por analizar tres aspectos centrales en la configuración regional: a) cómo emergen narrativas en las políticas públicas que crean tensiones entre la conservación y el desarrollo de una región particular; b) cómo esas narrativas se traducen en intervenciones institucionales guiadas por criterios de conservación, desarrollo y seguritización (Goldstein, 2010); y c) cómo se articulan a los diseños institucionales que ordenan el territorio, visibilizando narrativas como las que se construyen en torno a la riqueza medioambiental y, al mismo tiempo, hacen (i)legibiles las poblaciones que habitan en esos territorios (Scott, 1998). Se trata de desarrollar una comprensión multidisciplinaria y contextualizada de las transformaciones que caracterizan los dispositivos estatales de organización e intervención del territorio, la naturaleza y las poblaciones de una de las regiones más afectadas por la violencia política en los últimos 70 años en el país, y de identificar cómo esos dispositivos entran en tensión con las narrativas subregionales y locales que producen institucionalidades comunitarias como las juntas de acción comunal, las asociaciones de productores, y las organizaciones campesinas de segundo nivel, que tienen una amplia trayectoria de movilización social y política de incidencia regional.. Las asimetrías y desigualdades estructurales que producen este tipo de intervenciones estatales y de formación de estatalidad, plantean la necesidad del desarrollo de modelos de investigación colaborativa y de incidencia que permitan generar capacidades locales para el desarrollo se estrategias de articulación, negociación y resistencia frente a modelos políticos y económicos que buscan producir valor sobre la explotación de la naturaleza y las poblaciones asentadas en estas regiones. En este sentido, el proyecto prevé un componente de Clínica Jurídica que busca, a través de la selección de un caso representativo, diseñar una estrategia de litigio para que este tipo de conflictos se tramiten garantizando la dignidad, la igualdad y la autonomía de los grupos humanos que han sufrido afectaciones en el territorio que habitan, apelando ante las autoridades administrativas y judiciales competentes. Justificación Con la desmovilización de algunos bloques de la región que configura las relaciones sociales, políticas y territoriales alrededor del eje fluvial Guayabero-Ariari, actores establecidos y emergentes han iniciado procesos de re-apropiación y transformación del territorio. Estos procesos gravitan en torno al acaparamiento de tierras, la extensión de los cultivos de coca y la implementación de ganadería extensiva. Los tres procesos convergen en monopolizar los bienes de uso común y en reproducir esquemas de explotación y precarización laboral para numerosas familias que no tienen alternativas de ingreso. Si bien estos procesos no son nuevos, porque hay antecedentes en el país como el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en la región del Caribe, poco se ha estudiado el posconflicto desde el punto de vista de las configuraciones estatales y jurisdiccionales que los procesos de paz generan en localidades específicas (Valverde, 2009; Von Benda-Beckmann et. al. 2014). Por ello, esta investigación busca comprender la configuración histórica de las intervenciones institucionales en el eje fluvial Guayabero-Ariari en los últimos setenta años, y contribuir a la identificación de rupturas y continuidades que emergen de esas intervenciones, en un contexto marcado recientemente por la desmovilización de las FARC, actor histórico sustancial en la región. La comprensión de este proceso en clave interdisciplinaria, implica: 1) describir el lenguaje normativo en su versión monopolizada por la autoridad estatal, (objeto de conocimiento de las disciplinas jurídicas), y simultáneamente, 2) observar la aparición (performance) de este lenguaje y de los actores que lo encarnan en la vida cotidiana de las personas que operan como receptores de dicho lenguaje, y que construyen sus propios significados en el proceso de recepción. Concebido el lenguaje del estado en estos términos performativos, como actos de habla estatal (García, 2019), las etnografías de la disciplina antropológica, las cartografías multiactor de la geografía, y las historiografías de la disciplina histórica reconfiguran el conocimiento que tenemos sobre el rol del estado en la construcción de narrativas de conservación ambiental, desarrollo agropecuario y seguritización, que han sido invariablemente las más recurrentes en las estrategias de intervención estatal en el área de estudio. El análisis de las dinámicas institucionales sub-nacionales y territoriales emergentes, permitirán dar cuenta de las estrategias institucionales de formación de estado y de configuración de regímenes de legalidad vernáculos, pero también de sus estrategias de gobierno territorial delegada, al servicio de élites regionales y nacionales, tecnocracias y expertos nacionales y locales, así como grupos, organizaciones y grupos de interés regional y nacional.