Prácticas de memoria y espacialidades de resistencia en Colombia y Chile. Los casos de la Casa Memoria Suba y la Casa Memoria José Domingo Cañas

Este proyecto de investigación surge a partir de una iniciativa previa financiada en 2023 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) —Plataforma de Diálogo Social Democracia, Derechos Humanos— que potenció el trabajo comparado entre Colombia y Chile a propósito de tres iniciativas de archivos locales/comunitarios en contextos de violencias diferenciadas. En ella participamos investigadoras de la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad de Chile, pertenecientes al Grupo de Trabajo de CLACSO Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia, además de tres experiencias locales: el Semillero Navegantes de la Memoria (Buenaventura), la Casa Memoria José Domingo Cañas (Chile) y la Corporación Entre Lagos y Montañas (Chile). En esta nueva propuesta de investigación se busca profundizar en una de estas experiencias —Casa Memoria José Domingo Cañas, de Santiago de Chile— y compararla con una iniciativa en la ciudad de Bogotá —Casa Memoria Suba— con la que, desde finales del año 2024, se viene afianzando un vínculo colaborativo y un tejido de confianzas, en función del fortalecimiento de la experiencia. En la investigación inicial se dió cuenta, por un lado, de los usos y contextos de producción de archivos locales para la resistencia en dos países distintos y, de otra parte, de las prácticas de resistencia de las organizaciones. A partir de esto, con esta nueva apuesta, se busca situar la mirada en las casas de memoria como espacialidades de la memoria en donde se llevan a cabo prácticas sociales, culturales y políticas de resistencia, conmemoración y resignificación del pasado violento reciente en Colombia y Chile. A partir de un enfoque comparativo, se analizará cómo en estos dos espacios se activan memorias y se disputan narrativas locales de resistencia en contextos de graves violaciones de derechos humanos. Mediante esta investigación se espera contribuir a debates académicos y sociales sobre los sitios de memoria como espacios donde esta habita, se construye y materializa históricamente, pues es en el espacio donde se expresan e inscriben memorias de diversa índole: subalternas, contrahegemónicas y subterráneas (Vargas, 2019). Tanto Chile como Colombia han experimentado en su historia reciente graves episodios de violencia estatal. En Chile, existe el antecedente de la dictadura civil militar y en el caso colombiano la continuidad de las lógicas del conflicto armado. Si bien en Chile la dictadura terminó en 1990 y en el caso Colombiano en 2016 se firmaron los Acuerdos de Paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP, que trajeron consigo el desarme de uno de los actores armados, en ambos casos continúan las violaciones de derechos humanos. Una muestra de ello son las prácticas de violencia policial y estatal, que afectan de manera particular a las comunidades marginalizadas, juventudes empobrecidas y personas excluidas a nivel urbano y rural. Entre los años 2019 y 2021 América Latina vivió una serie de levantamientos, revueltas, o “estallidos sociales”. En Chile se vivieron intensas movilizaciones sociales en contra no sólo del alza de las tarifas del transporte público, sino frente al modelo neoliberal y con ello frente a la crisis de legitimidad del sistema político (Ganter, et al., 2022; Velez-Maya, et al., 2025). Por su parte en Colombia, a partir del Paro Nacional, se inició un ciclo de movilizaciones, marchas y manifestaciones que se extendió hasta el 2021 en distintos centros urbanos del país, entre ellos Bogotá (Fundación Ideas para la Paz, 2021). A nivel urbano se caracterizó por la masividad de expresiones de vida con un protagonismo central de las juventudes y con variadas formas de creatividad y frescura en sus lenguajes (Celis, 2023). En el marco de estos levantamientos, en ambos países las juventudes vivieron el uso exacerbado y desproporcionado de la fuerza por parte de las policías, lo que se tradujo en asesinatos, retenciones, torturas y lesiones oculares. Para el caso de Chile, diversos informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (2020) evidencian un patrón de violencia policial que se mantiene en democracia, especialmente hacia manifestantes, personas privadas de libertad y grupos vulnerables como el pueblo mapuche o la comunidad LGTBIQ+. A pesar de los esfuerzos institucionales de control y generación de protocolos de uso de la fuerza, estos abusos permanecen y son en muchos casos minimizados o justificados por discursos de orden público y seguridad ciudadana. En este contexto, se registraron 10.142 causas por violencia institucional en el Ministerio Público de Chile (2024), con al menos 347 víctimas de lesiones oculares, 1.938 lesionadas por armas de fuego y 674 por lesiones graves (Amnistía Internacional, 2020). En Colombia, los episodios de violencia policial recientes, como el asesinato de Dilan Cruz en 2019, el de Javier Ordónez y la masacre del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá —ocurridos durante el Estallido social— reactivaron grandes movilizaciones y protestas que evidenciaron la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad y el uso desproporcionado de la fuerza pública. Estos hechos, ampliamente documentados en redes sociales y por organismos internacionales (Amnistía Internacional, ONU, etc.) y entidades de derechos humanos (Temblores ONG), mostraron la continuidad de patrones represivos sobre sectores populares, a pesar de los avances democráticos formales y del discurso de derechos humanos. Entre el 28 de abril y el 28 de junio de 2021, se presentaron 44 asesinatos con presunta participación de la Fuerza Pública, 83 víctimas de violencia ocular, además de 28 víctimas de violencia sexual (Temblores e Indepaz, 2021). Frente a escenarios de violencia del pasado reciente de ambos países, las comunidades afectadas, así como organizaciones de la sociedad civil y algunos entes estatales, han promovido la creación de sitios de memoria, entendidos como espacios físicos, simbólicos y pedagógicos destinados a la denuncia, la verdad, la justicia y la no repetición. Estos lugares, más allá de ser dispositivos retrospectivos, cumplen un papel transformador del presente y proyectan futuros posibles (López y Quintero, 2020). En Chile, la sociedad civil ha recuperado sitios que fueron utilizados para detención, tortura y exterminio durante la más reciente dictadura, transformándolos en lugares de memoria. Algunos de estos sitios han sido declarados Monumentos Nacionales o Sitios Históricos, a partir de solicitudes presentadas por organizaciones sociales. En Colombia, en el marco de las negociaciones realizadas con la Alcaldía Local de Suba y la Secretaría Distrital de Gobierno surge el Decreto Distrital 624 de 2024, que establece directrices para el respeto a la autonomía de los procesos sociales y de memoria en Bogotá. Se reconoce así que las organizaciones y comunidades afectadas por las violencias tienen derecho a la autonomía en la toma de decisiones y el manejo de los recursos y actividades. En contextos populares, estos sitios de memoria se convierten en epicentros de reconstrucción del tejido social, resistencia y resignificación de las violencias sufridas que disputan así el relato oficial del Estado y articulan memorias vivas que se sostienen en el trabajo entre familiares, activistas y comunidades. Al mismo tiempo, en estos lugares de memoria surgen tensiones alrededor de su gestión, sostenibilidad, financiamiento y legitimidad que reflejan los conflictos entre memorias oficiales y memorias comunitarias, como lo señala Ana María Rabe (2022). A partir de ello resulta de interés trabajar con dos iniciativas urbanas que le hacen frente a las violencias sociopolíticas. Por un lado, la Casa Memoria Suba surge como un proyecto emblemático que busca recuperar y preservar la memoria colectiva de los hechos ocurridos en la localidad de Suba, en Bogotá, que se relacionan con el 9 de septiembre de 2020 y el Estallido social de 2021. La creación de este espacio representa un paso significativo hacia la reparación y la justicia social en el contexto de los hechos ocurridos en la localidad. Por el otro, la Casa Memoria José Domingo Cañas como organización de derechos humanos de Santiago de Chile, se encuentra emplazada en un sitio que fue centro de tortura y exterminio durante la última dictadura. Alberga un archivo con colecciones vinculadas a las violaciones de derechos humanos en la dictadura y en el presente. Su ejercicio también se ha enfocado en el monitoreo de la acción estatal en contextos de protesta social al registrar, recopilar y sistematizar datos para producir informes y realizar denuncias a nivel nacional e internacional. A pesar de su importancia como espacios de reparación simbólica y proyección social, los sitios de memoria en Chile y Colombia enfrentan el desafío de visibilizar y transformar las violencias estatales persistentes, especialmente aquellas ejercidas contra grupos históricamente marginados. Estas iniciativas, tanto estatales como comunitarias, se ven atravesadas por tensiones políticas, sociales y culturales que dificultan su consolidación y sostenibilidad, al tiempo que lidian con narrativas oficiales que tienden a minimizar o invisibilizar dichas violencias. A partir de esto, proponemos como preguntas centrales: ¿de qué manera los sitios de memoria en Chile y Colombia contribuyen a la denuncia y resignificación de las violencias policiales y estatales actuales? y ¿cómo estos lugares potencian procesos de transformación social, reparación simbólica y reconstrucción de los lazos comunitarios en territorios afectados por violencias sociopolíticas? Para llevar a cabo esto, identificamos tres ejes sobre los cuales se articula esta propuesta de investigación: Violencias sociopolíticas. Este eje nos ubica en la necesidad de caracterizar las violencias sociopolíticas, en especial las policiales y de Estado en los contextos de Suba (Bogotá) y Santiago de Chile, para entender el quehacer y el sentido que moviliza a ambas casas de memoria. Prácticas y espacialidades de la resistencia. La intención es caracterizar las prácticas históricas de resistencia y memoria desarrolladas en los dos contextos de estudio (rituales, conmemoraciones, intervenciones artísticas y archivos comunitarios). Archivos comunitarios y monitoreo a violaciones de derechos humanos. Bajo este eje buscamos comprender el lugar de los archivos como tecnologías de resistencia que permiten hacerle frente a las violencias a través de la documentación, el seguimiento y la denuncia. Metodológicamente esta propuesta se apoyará en una investigación de carácter cualitativo de dos estudios de caso, que posteriormente serán comparados, a través de la realización de trabajo de campo, entrevistas a profundidad, revisión de fuentes secundarias, revisión de fuentes primarias —bases de datos y prensa— y talleres con ambos sitios de memoria.