Políticas públicas y acumulación: una lectura en clave feminista.

Hace más de 3 décadas los países de América Latina se han constituido en el escenario de una serie de reformas en diversas dimensiones, las que transitan entre los Programas de Ajuste Estructural (1980 - 1990), las reformas del Estado y el cambio institucional (1990 ¿ 2007); y, los procesos de privatización territorial (2000) (Davalos, 2011). Para autores como Zibechi (2010) estas al constituirse en herramientas para disciplinar económicamente se erigen, a su vez, como dispositivos para ¿lograr transformaciones radicales en las dinámicas de acumulación capitalista en la periferia¿ (Davalos, 2011, p. 65). Bajo el argumento de aliviar la crisis de la deuda externa, lograr estabilidad económica y mejorar el crecimiento económico, las intervenciones facilitaron que desde los países de América Latina se transfieran flujos de capital, materias primas y energía a bajo costo al centro capitalista. En este contexto uno de los sectores prioritarios para la intervención fue el rural . Gudynas (2008) refiere como en la primera etapa las reformas fueron esencialmente de rediseño y cambio en las políticas de comercio exterior, con miras a establecer el escenario para liberalización del mercado. En la segunda (1990 ¿ 2007), a la par del debilitamiento de los mecanismos de apoyo a los productores rurales, se rediseñaron las políticas rurales con el objetivo de favorecer y fortalecer al sector agroexportador. Y, en los últimos años con el ¿boom de los commodities¿ la orientación de las políticas ha sido hacia la ¿privatización de los territorios¿ es decir de los recursos naturales, la vida y el agua (Davalos, 2011, p. 58). En Colombia, específicamente desde comienzos de los 90 el sector rural enfrentó un giro abrupto, sobre todo en lo concerniente a las políticas de redistribución de la tierra (reforma agraria) y de apoyo a la economía campesina. De acuerdo con Fajardo (2002, p. 2) este proceso ¿coincide con la desaparición paulatina de los recursos públicos asignados al sector, los cuales pasaron del 4,8% del presupuesto nacional en 1990 al 0,8% en el 2000¿. El nuevo modelo trajo como consecuencia la disminución considerable de la producción de alimentos en el país y el aumento masivo de su importación . Las políticas apuntaron a ¿la reorganización territorial de lo rural y de sus procesos socioeconómicos¿ con la finalidad de reconvertir cultivos de sustitución de importaciones y el fortalecimiento del sector agroexportador (Tobasura, 2009). Retomando a Davalos y Zibechi la serie de reformas implementadas y los efectos producidos deben leerse como estrategias de acumulación capitalista y en específico de acumulación por desposesión. Esta no solo se circunscribe a los procesos de emergencia del capitalismo (acumulación primitiva) sino que persiste y se resignifica en relación a los acomodamientos que el capitalismo tiene en momentos históricos específicos (Harvey, 2004). No solamente incumbe a la ¿reproducción ampliada del capital, sino también, la violencia, la rapiña y la depredación, entre otras cosas, de los bienes naturales¿ (Machado, 2008, p. 183). Por su parte Hartsock (2006) plantea que esta se caracteriza por el despojo violento y coercitivo de la capacidad de amplios sectores sociales de producir su propia subsistencia. Las reformas y su conexión con la acumulación por desposesión, debe ser leído en doble vía. La primera corresponde a la manera directa como operaron las reformas para propiciar la acumulación. Por ejemplo las PAE contribuyeron a la transferencia de capitales desde la periferia hacia el centro capitalista para que se resuelvan ¿problemas de inflación, de inversión y de crecimiento económico¿ (Davalos, 2011, p. 52). En cuanto a las reformas de segunda generación (1990 ¿ 2007) al tener como objetivo una ¿profunda reforma política del Estado¿ promovieron la acumulación del capital en manos de las élites nacionales. En el caso del sector rural el rediseño de las políticas contribuyó a potenciar económicamente al sector agroexportador, facilitando su acceso a los recursos productivos. A través de programas como Agro Ingreso Seguro ¿actores con mayor capacidad económica como los gremios se beneficiaron más que otros grupos de la sociedad rural de grandes cantidades de recursos públicos¿ (PNUD, 2011, p. 324). Además de lo anterior hay que sumarle que en algunas ocasiones los mismos actores usaron la violencia armada como estrategia de despojo, cuestión que incidió en la reconcentración de la tierra en pocas manos . La segunda vía corresponde a intervenciones específicas en el marco de las denominadas ¿reformas de segunda generación¿, las que al estar encaminadas a la transformación del Estado, de lo público y de las relaciones de poder, se constituyeron en mecanismos para ¿cambiar la correlación de la lucha de clases, y posibilitar el consenso político que la acumulación de capital necesita¿ (Davalos, 2011, p. 116). Los cambios en la estructura jurídica e institucional del Estado, al tener como objetivos la ¿desregulación, la privatización, la descentralización y la reprimarización de la economía¿ (Davalos, 2011, p. 61) tuvieron como resultado el aumento de la vulnerabilidad de amplios sectores de la población. En este contexto emergieron y se exacerbaron las luchas sociales, las que se constituyeron en obstáculos para la viabilidad del modelo; y por ende talanqueras para la misma acumulación. Davalos (2011) y Zibechi (2007) observan cómo en este contexto las políticas públicas (en especial las políticas sociales) al constituirse en mecanismos de intervención buscaron bloquear el conflicto para facilitar la acumulación, orientándose a la despolitización de los actores, la cooptación de las alternativas que emergen frente al neoliberalismo y el silenciamiento de las apuestas redistributivas que caracterizaron al movimiento social entre las décadas de los 60¿s y 90¿s (Sañudo, 2015). En este contexto las políticas gravitan en 2 dimensiones: 1.Aquellas que persiguen la articulación marginal de poblaciones vulnerables a los programas estatales con el fin de potenciar económicamente a sectores clave (agroexportador, minero energético). Así políticas que tienen como centro la asociatividad, no solamente operan para la apropiación del trabajo productivo de los sectores precarizados (Federici, 2010) también sirven para su contención (Zibechi, 2007). Frente al sector rural, el campesinado fue reconocido como sujeto de política pública porque potencialmente puede ser articulado mediante alianzas estratégicas al sector agroempresarial, lo que resulta clave para la dinamización del modelo económico rural (Mondragón, 2004). En cuanto a la segunda dimensión la atención a las problemáticas que enfrentan ciertos sectores sociales en este contexto se realiza a través de políticas sociales de carácter focalizado, las que según Calvento (2006, p.17) ¿se relacionan directamente con la política económica que por vía eminentemente pasiva busca liberar recursos financieros para la acumulación y prevenir tensiones sociales en situaciones límites¿. Portilla (2005) establece que los mecanismos de política social, principalmente los subsidios, a pesar de atacar los impactos del neoliberalismo se configuran como estrategias para debilitar el agenciamiento político de los sujetos sociales y en este sentido apuntan a ¿crear marcos que sirven de cobertura y legitimidad a las reformas y a la acumulación¿ (Davalos, 2001, p. 38). En relación a lo anterior, cabe destacar que las mujeres se han constituido en sujetos claves de intervención y entre ellas las mujeres rurales. Ezguerra (2012), Duran (2012), Federici (2013), Mies (2005), entre otras reconocen que dicha intervención tiene como finalidad la expropiación tanto del trabajo reproductivo como del productivo para el sostenimiento del capitalismo.. La ¿acumulación de capital es posible porque las mujeres rurales e indígenas, la naturaleza y las gentes de los países empobrecidos han sido la base invisible sobre la que se erigen los procesos de acumulación¿ (Ezguerra, 2012, p. 128). En este sentido la articulación de las mujeres rurales en las políticas públicas, bajo la doble dimensión que se referenció antes, contribuye por un lado ¿a su incorporación masiva en el mercado laboral sin reconocerlas a su vez como trabajadoras reales¿ (p. 130), es decir una inscripción precaria y desregulada. Cuestión que posibilita que su fuerza de trabajo sea expropiada para dinamizar las apuestas neoliberales para el agro; y, por otro en la medida en que el Estado se retrae de la garantía del bienestar a sus pobladores delega, a través de programas concretos (el caso de Familias en Acción), las responsabilidades asociadas con el bienestar social en las mujeres, constituyéndose así en estrategias de cooptación de lo reproductivo. Cajamarca (2014) destaca como las políticas promueven la participación activa en la producción (sobre todo a través de la asociatividad y la empresarialización) y, por otro buscan la maximización de sus roles en el ámbito doméstico, lo cual es funcional para el sostenimiento del modelo neoliberal. En este sentido la comprensión de las políticas públicas como dispositivos de disciplinamiento, las que median entre las reformas y la acumulación por desposesión, deben entenderse también como tecnologías de género (De Lauretis, 1989). Es decir como un conjunto de discursos y prácticas, que al sostenerse en la división sexual del trabajo e incidiendo en el campo de las significaciones, se despliegan para ajustar los cuerpos y las subjetividades de hombres y mujeres a las necesidades de acumulación capitalista; actuando a su vez como mecanismos de desposesión, en la medida que se sustentan en la expropiación del trabajo reproductivo y productivo de las mujeres. Es el caso de políticas como por ejemplo la Ley 731 de 2002 para Mujer Rural o el actual Programa de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, a través de las cuales se pretende por un lado involucrar a las mujeres e