Minería, procesos organizativos y defensa del territorio.

La minería a gran escala corresponde a un ¿estilo de desarrollo que acepta las condiciones del capitalismo actual¿ ( Gudynas y Ospina 2011). En este sentido, dicha actividad se constituye en una más de las estrategias mediante las cuáles se busca afianzar un modelo de reprimerización de las economías latinoamericanas, a través de la consolidación de enclaves de exportación. En palabras de Rocamora (2013) la explotación minera a gran escala en América Latina corresponde con una nueva etapa del complejo proceso de ¿producción colonial del mundo¿, dado que se constituye esta en ¿un dispositivo de poder¿ encaminado a afianzar el sometimiento de los territorios y poblaciones de los países del mal llamado tercer mundo a los intereses, ya no de países, sino del gran capital. El autor resalta como bajo esta lógica, las multinacionales y empresas extranjeras, juegan un papel importante en los procesos de apropiación de los territorios y de su reconfiguración como espacios útiles a los intereses del gran capital. Además es de resaltar que la minería a gran escala, contribuye por un lado a la desterritorialización, es decir a ¿procesos de fragmentación o pérdida de control territorial por parte de un individuo, grupo o actor social¿ (Iscario 2011); y, también da lugar a procesos ¿de fragmentación, exclusión y contención territorial¿. En el Plan Nacional de Desarrollo 2010 ¿ 2014 (Prosperidad para todos), se ubica el modelo extractivo como una de las estrategias para alcanzar el desarrollo y superar la pobreza, sin embargo en informes recientes como el de la Contraloría (2012, 2013), CINEP (2012), CODHES (2013), entre otros, se llama la atención sobre los impactos integrales que viene generando el extractivismo, tales como: el deterioro de las prácticas productivas locales, la ilegalización de la explotación tradicional de oro, la entrada de grupos armados y de otros actores con intereses económicos en la región, amenazas de despojo y desplazamiento forzado de población. Si bien la explotación minera a gran escala, no es una práctica nueva en Colombia, ésta se consolida con fuerza en la última década. En este contexto y en menos de 5 años, el Estado ha otorgado alrededor de 14.000 títulos a empresas nacionales y extranjeras (CINEP 2012). Es de recalcar que en este contexto se están generando importantes conflictos, suscitados por la divergencia de intereses y valores entre las comunidades, el gobierno y las empresas. Cinep (2012) resalta como las decisiones que se toman sobre dónde y cómo realizar las exploraciones y explotaciones es una cuestión que no se negocia ni con los gobiernos locales ni con las comunidades. Se puede decir que en este contexto los conflictos que surgen adquieren sobre todo un carácter territorial. Las nuevas actividades tienden a transformar y romper de manera acelerada los modos de vida que en los territorios tienen lugar. Así mismo estos cambios plantean cuestionamientos frente al reconocimiento de derechos, la soberanía y la autonomía de los actores locales frente a una actividad declarada como de ¿utilidad pública e interés social en todas sus ramas y fases¿. Por otra parte, es de tener en cuenta que sí bien en el marco de esta actividad se generan diversos impactos y conflictos, Justicia y Paz (2012:34) resalta como las respuestas de las comunidades pueden transitar entre la seducción o la resistencia. Al respecto nos dicen: ¿La actividad de la empresa multinacional en los territorios étnicos y campesinos ha establecido un dilema entre las comunidades en el que se discute su aceptación o rechazo por parte de la población¿. En este contexto por un lado es posible encontrar que la práctica extractiva, resulte para algunas comunidades una alternativa; o, por el contrario para otras sea la razón para movilizarse. Con respecto a la última idea Cosso (2012:79) afirma que los procesos de resistencia en espacios donde se desarrollan actividades extractivas o que potencialmente pueden cobrar ese carácter, se constituyen en ¿luchas sociales focalizadas en la defensa del territorio y de los recursos que este entraña¿. CECOIN (2008), considera que esta tendencia en Colombia se sustenta porque en gran parte del país los títulos mineros han sido otorgados en zonas donde perviven conflictos por la tierra y el territorio. Bajo esta perspectiva cabe afirmar que los procesos organizativos para la defensa no son coyunturales, sino que recogen una tradición de lucha por la autonomía territorial. Siguiendo a Quiñones (2012), a través de la movilización las comunidades no sólo están exigiendo la no entrada o la salida de las multinacionales, sino también luchando por nuevas maneras de pensar y vivir el territorio, que se plasman en iniciativas locales de defensa, cosmovisión y protección del mismo. Precisamente es en esta idea en la que se sustenta la presente propuesta de investigación. Nos preguntamos por las reconfiguraciones territoriales y su relación con la presencia de conflictos territoriales en zonas que se están incorporando al modelo extractivo a gran escala. Específicamente nos interesa dar cuenta del proceso al que están expuestas las comunidades que habitan el corregimiento de la Toma (Suárez/Cauca). Las comunidades asentadas en esta zona, en la actualidad enfrentan una amenaza de desalojo. INGEOMINAS otorgó a Héctor Sarria en 2007 y a la empresa Anglo Gold Ashanty la explotación de una serie de yacimientos de oro en la zona. Posterior a la concesión Sarria solicitó ¿amparo administrativo para que los mineros artesanales fueran desalojados por estar ejerciendo labores de minería ilegal y además ser poseedores de mala fe¿. Es de recalcar que los habitantes de este corregimiento han soportado en gran parte su actividad económica en la explotación artesanal de oro y en este sentido la concesión del título no sólo significa una amenaza de despojo del territorio sino también que se verán afectadas sus prácticas productivas . A través de la movilización social esta comunidad ha logrado frenar momentáneamente la explotación. La Corte Constitucional como respuesta a una tutela interpuesta por representantes del Consejo Comunitario del Corregimiento emitió la Sentencia 1045a mediante la que ¿ordenó a INGEOMINAS suspender todas las licencias de explotación minera en la Toma hasta cuando se realizará en el proceso de consulta previa a las comunidades afrodescendientes¿. (Justicia y Paz 2012: 34). Si bien lo que se establece en la Sentencia mencionada parece una salvaguarda para la población, esta no implica un retiro definitivo del título otorgado, cuestión que se constituye en el objetivo de la comunidad. En este sentido se ha consolidado ahora como el móvil de la lucha, no sólo para la defensa del territorio, sino también para la construcción de propuestas encaminadas a lograr la autonomía territorial, propuestas que van más allá de lo establecido por el Estado y que se anclan en la experiencia misma de la comunidad. Este es el proceso que queremos revelar mediante la presente investigación.