Las políticas de adjudicación de la tierra: neoliberalización y conflictos territoriales en la construcción de una región de frontera, la Altillanura colombiana

RESUMEN Este proyecto analizará distintos conflictos sobre la delimitación y uso de tierras estatales y baldías en los Llanos orientales desde el 2010 hasta el presente; años en los que la expansión de la agroindustria empresarial a gran escala ha sido vinculada con la transición hacia “el posconflicto” o “la paz”. El análisis de estos conflictos es una ventana privilegiada para entender los proyectos de neoliberalización de la tierra en Colombia y cómo estos proyectos han sido disputados de distintas formas. Siguiendo una perspectiva de caso extendido y de investigación colaborativa, esta investigación se enfocará en los procesos de despojo, planes estatales y procesos de adjudicación para comunidades indígenas y campesinas de unas tierras declaradas como baldías, en lo que ahora se conoce como la subregión de la Altillanura. Así, este proyecto aportará a la investigación sobre la neoliberalización de la propiedad de la tierra y los conflictos territoriales, al tiempo que desde el trabajo colaborativo contribuirá a las luchas de estas comunidades, en un contexto reciente en el que se entrelazan, no sin contradicciones, las promesas de cambio, de reforma agraria y de expansión agroindustrial sobre la Altillanura. ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. PROBLEMA Y CONTEXTO “Ahora si vamos a adjudicarle las tierras”, les prometía un directivo recién posesionado de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a tres indígenas y una líder campesina del pueblo del Porvenir en un foro público en el auditorio Félix Restrepo de la Universidad Javeriana en octubre del 2022. En ese foro, titulado “Desarrollo rural, acaparamiento de tierras y baldíos en el gobierno del Pacto Histórico”, los participantes también discutíamos sobre las promesas de reforma agraria del nuevo gobierno y la compra de tierras a Fedegan con ese propósito. En un receso del foro, este funcionario de la ANT le insistió con vehemencia a la líderesa que muy pronto iban a retomar el proceso de adjudicación que había estado “parado” en el gobierno anterior. Todas esas promesas buscaban responder a la presentación detallada que ella había hecho antes explicando los procesos de despojo que habían sufrido por parte del zar de las esmeraldas Víctor Carranza. Gracias a las luchas que personas como ella iniciaron desde el 2010 ante distintas estatales, en 2014 el antiguo Incoder declaró como baldíos de la nación 27,000 hectáreas alrededor del Porvenir -una inspección al nororiente del departamento del Meta en límites con el Vichada. Sin embargo, desde ese año empezaron nuevos conflictos que no paran hasta hoy; incluso, a pesar de las nuevas promesas estatales. Para las personas del Porvenir, las actuales promesas de reforma agraria y de adjudicación tienen antecedentes significativos que iniciaron con esa declaratoria como baldío. En el 2015, antiguos paramilitares intentaron hacer “la primera y única reforma agraria” en toda esa parte de los Llanos. Los llamados “carranceros” llegaron a “parcelar y entregar las tierras” entre los campesinos. Así, continuaban un largo proceso de despojo no solo armado, sino legal y ambiental que venía desde la década de 1980, en el que la gente del Porvenir perdió el acceso a las antiguas sabanas comunales y se vio encerrada en el pueblo; en particular las mujeres, a quienes les controlaban desde su trabajo en las huertas hasta su sexualidad. Por eso, cuando empezó esa “reforma agraria” en el 2015, fue fundamental la llegada de decenas de indígenas sikuanis del Vichada que ayudaron a “desalambrar” las tierras recién cercadas; tierras de donde ellos mismos habían huido en la década de 1960 presionados por la expansión de la ganadería y por la violencia racial y colonizadora. Desde entonces, indígenas y campesinos se han unido a pesar del racismo estructural. Así, lograron que la Corte Constitucional sentenciara en el 2016 que el estado debía adjudicarles esas tierras a ambos grupos. Sin embargo, desde que se prometió la adjudicación, empezaron a llegar nuevos ocupantes muy diversos, incluidas personas adineradas, generando encerramientos y transformaciones socioambientales nunca antes vistas. Asimismo, en la medida en que la constitución del resguardo para los sikuanis está avanzando mientras que la adjudicación para los campesinos no, están emergiendo conflictos raciales con nueva fuerza, como parte de lo que algunos han llamado el multiculturalismo neoliberal (Hale 2006; Bocarejo y Restrepo 2011). Asimismo, mujeres indígenas y campesinas, cada vez más visibles en las luchas recientes, han insistido en su preocupación de que ellas terminen marginadas en los procesos de titulación y cada vez más encerradas por estos nuevos conflictos. En los pocos procedimientos adelantados, las instituciones estatales parecen reproducir un concepto productivista y masculinista de la tierra (Ojeda 2022), que la entiende como unidades delimitadas y exclusivas de unos propietarios privados/individuales o colectivos/étnicos que están separados entre sí. Por todo eso, la lideresa campesina no se ilusionó mucho con las promesas del nuevo gobierno. De hecho, casi seis meses después de ese foro en la universidad, el proceso sigue paralizado. De ahí que es necesario situar estas promesas recientes de nuevas transiciones en procesos históricos más amplios de conflictos territoriales y de disputas sobre la neoliberalización de la propiedad. Los retos de la coyuntura actual no se pueden entender sin análisis históricos, regionales y etnográficos puntuales. De esta manera, en este proyecto analizaremos distintos conflictos sobre la delimitación y uso de tierras estatales y baldías en los Llanos desde el 2010 hasta el presente, años en los que la expansión agroindustrial a gran escala ha sido vinculada con distintas promesas de transiciones hacia “el posconflicto” y “la paz”. El análisis de estos conflictos son una ventana única para entender los proyectos de neoliberalización de la tierra en Colombia y cómo estos proyectos han sido disputados de distintas formas. Siguiendo una perspectiva de caso extendido y de investigación colaborativa, nos enfocaremos en los conflictos territoriales en el Porvenir. Este proyecto es fruto de los trabajos previos del investigador principal junto con la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (Arias 2022; CCNPB 2019), una organización defensora de derechos humanos con larga experiencia en la región y que ha trabajado de la mano de las comunidades campesinas e indígenas del Porvenir desde el 2011. Este proyecto recoge las preocupaciones y reclamos de ambas comunidades, en particular de las lideresas que abogan por una mejor comprensión de estos conflictos territoriales y sus dimensiones raciales y de género. En conjunto, con un equipo diverso durante 18 meses, analizaremos cómo las políticas y planes estatales sobre la región de la Altillanura, y en particular sobre el Porvenir, han reproducido diversos conflictos territoriales, como parte de procesos históricos más amplios de despojo y de marginación de campesinos e indígenas. Por esa vía, también explicaremos cómo las luchas y apuestas por la tierra y por mantener las alianzas entre indígenas y campesinos buscan resistir a esos procesos de neoliberalización de la propiedad, que parecen avanzar incluso en la coyuntura política más reciente. Estos conflictos en el Porvenir hay que entenderlos en el marco de distintos proyectos de territorialización empresarial y estatal que le han dado forma a la subregión de la Altillanura, que cubre el oriente del Meta y todo el Vichada. Al menos desde el 2010, diversos funcionarios estatales han definido a la Altillanura como “la última frontera agrícola por conquistar en el país” y la han descrito como improductiva, inmensa y vacía (Diaz 2016; Piñeros 2019). Durante estos años, la transformación de la Altillanura en una gran despensa agrícola ha sido vista como una manera de garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad social. En esa misma perspectiva, en el Foro Global de Seguridad Alimentaria en Nueva York en septiembre de 2022, el presidente Gustavo Petro insistía en que la Altillanura era una frontera para “abrir” a las inversiones extranjeras con más potencialidades que Ucrania, aun cuando afirmaba que había que garantizar “los derechos del campesinado”. Al poco tiempo, además, el gobierno señalaba que no le compraría tierras a Fedegan en la Altillanura para la reforma agraria porque no eran fértiles ni productivas. Así, se mantienen ciertos elementos de esta producción simbólica y material de la Altillanura como una región de frontera disponible para la inversión empresarial. Este proyecto entiende esa coyuntura y promesas recientes en un marco histórico más amplio para así examinar la neoliberalización como un conjunto de proyectos siempre disputados que buscan la mercantilización desregulada de nuevas naturalezas, territorios y sujetos (Brown 2017; Harvey 2005; Hall 2011). Estos proyectos, además, no se limitan a la privatización formal o legal, sino que implican la delimitación y creación de lo estatal y lo público (Dardot y Laval 2017). Un claro ejemplo de esto es la Ley Zidres que permite, por primera vez desde la reforma agraria de los 1960, que empresas privadas, en regiones como la Altillanura, exploten los baldíos. Esta explotación se plantea en nombre del “interés público”, al tiempo que asegura que las tierras no serán privatizadas. Precisamente, en enero de 2016, durante la firma de la Ley, el presidente Santos anunció que el primer proyecto Zidres del país iba a ser justo en El Porvenir, como una tierra estatal en concesión a una gran empresa productora de soya y maíz, donde los campesinos serían empleados. Pero este plan fue frenado por la sentencia de la Corte Constitucional de agosto de 2016 que obligó el inicio de la adjudicación. La tesis doctoral (Arias 2022) que precede a este proyecto y que cubre hasta el 2010 muestra los antecedentes de esos procesos. Desde los años ochenta la Altillanura fue tomando forma a través de ciertas políticas estatales, prácticas tecnocientíficas y la guerra misma que tuvo su pico con la consolidación de ejércitos paramilitares en los noventa e incluso en medio de su desmovilización en el 2005, mientras crecían las plantaciones de monocultivos. Desde los ochenta, los procesos de despojo y desplazamiento fueron construyendo unas nuevas formas de propiedad y de autoridad fundadas en relaciones patriarcales que se reproducían en distintas escalas y espacios: desde las casas, los pueblos, las sabanas y los grandes hatos hasta el estado mismo. También desde los ochenta se consolidó el confinamiento de diversos pueblos indígenas nómadas en resguardos después de que el Incora declarará sus territorios como baldíos (Calle 2017), al tiempo que no ejecutaba programas de redistribución de la tierra o de reforma agraria, ya que esta parte de los Llanos era imaginada como una región sin campesinos (Arias 2022). Con estos procesos históricos en mente, en este proyecto nos concentraremos en analizar el manejo y adjudicación de las tierras del Porvenir, como un proceso espacial eminentemente conflictivo de definición de la tierra, sus propietarios y las relaciones entre ellos. De la mano de campesinos e indígenas, en este proyecto mostraremos las luchas y las apuestas por construir propiedad y por afrontar distintos conflictos raciales, de género y más ampliamente territoriales. Desde ahí, iluminaremos discusiones más amplias sobre los procesos de despojo y acaparamiento de tierras en el Sur Global, desde una mirada etnográfica e histórica que también atienda a las dimensiones cotidianas, locales y políticas de esos procesos. MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DEL ARTE Este proyecto se nutre de campos como los estudios críticos agrarios, la antropología de la propiedad y la ecología política, en particular de perspectiva feminista, para contribuir a discusiones sobre producción de regiones de frontera, neoliberalización y conflictos territoriales. Así, el proyecto se inscribe directamente en y fortalecerá las líneas de investigación del Instituto Pensar de estudios territoriales, de transiciones políticas y de estudios feministas y de género. Los estudios críticos agrarios, un campo interdisciplinar y académico/activista, ha analizado el auge del “acaparamiento de tierras” en el Sur Global por parte de estados y empresas desde la crisis global alimentaria del 2008 en adelante. Este es el contexto más amplio en el que se inscribe esta investigación y el caso del Porvenir (Borras et al. 2014; Edelman et al. 2015; Matias et al. 2013). Desde ahí, examinaremos cómo las relaciones entre la agroindustria a gran escala y las regiones de frontera se describen como naturales (Eilenberg 2014, Oliveira 2013); específicamente, cómo se ha naturalizado la Altillanura para las plantaciones de monocultivos. Esto lo hacemos en diálogo con la literatura que estudia las regiones de frontera como productos de formas de gobierno en competencia y dinámicas específicas de acumulación capitalista; procesos en los que las fronteras han sido racializadas y feminizadas para su “colonización” (Ballve 2020; Calle y Ñañez 2021; Peluso y Lund 2011; Rausch 1993; Tsing 2003; Uribe 2022). Por esa vía, la investigación se basa en la rica literatura colombiana que explora la violencia como constitutiva de la formación del estado y no como su opuesto en regiones de frontera, cuestionando también las narrativas convencionales de “ausencia y presencia” del estado (Ballve 2012; González 2014; Ramírez 2001; Serje 2012). En el caso de la Altillanura son fundamentales las investigaciones pioneras de Díaz (2016) y Piñeros (2019) y el trabajo de la CCNPB (2019), al igual que las investigaciones que han mostrado las luchas campesinas e indígenas por la propiedad y la subsistencia en esta región (Calle 2017; Forero 2015; Yunda 2017; Valencia 2021). Los estudios críticos agrarios también han señalado el papel de determinados actores, legislación y políticas estatales en la creación de nuevas formas de exclusión de la tierra que no son reducibles a las concepciones comunes de la privatización (Grajales 2015; Hall, Hirsch y Li 2011; Pedlowski 2013; Wolford et al. 2013). De esta manera, contribuiremos a las discusiones sobre el neoliberalismo como un proyecto político, y no como una doctrina económica homogénea que se basa solo en el retroceso y desmantelamiento del estado (Hibou 2012, 2013). Así, entendemos la neoliberalización como un proceso que busca la expansión del mercado desregulado y la mercantilización de nuevos objetos, espacios y personas, por medio de la transformación del estado, las luchas y las subjetividades políticas (Brown 2017; Dardot y Laval 2017; Harvey 2005, Hall 2011; Rose 2013; Wacquant 2012). Igualmente, el proyecto sigue las discusiones recientes sobre cómo la violencia estatal es constitutiva del neoliberalismo, y que ha llevado a hablar del neoliberalismo autoritario o iliberal (Bruff y Tansel 2019; Fraser 2019; Maskovsky y Sophie Bjork-James 2020; Hendrikse 2018). Allí, diversas formas de despojo son centrales en los proyectos neoliberales como ya ha sido ampliamente discutido desde el concepto de “acumulación por desposesión” de Harvey (2004). Por esta vía, es necesario analizar la relación entre autoritarismo, neoliberalismo y masculinidad (Brown 2019), que han señalado también los estudios críticos agrarios (Scoones et. al 2021). Para entender la coyuntura actual en Colombia son claves los trabajos que han estudiado las tensiones y articulaciones entre neoliberalización, extractivismo y gobiernos de izquierda en América Latina (Cepek 2018; Gustafson 2021; Lander 2019; Svampa 2014, 2020; Teran Mantovani 2017). La ecología política, en particular las perspectivas feministas (Carney 1992; Rocheleau 1995; Ojeda 2019; Ulloa 2016), examina cómo el acceso, distribución y representación de lo que hemos llamado naturaleza y ambiente están estructurados por el género, la clase y la raza de formas inseparables. Desde esta perspectiva, es que entendemos que los conflictos territoriales están moldeados por distintas comprensiones del espacio, la tierra y la propiedad, y que enfatizaremos sobre todo en sus dimensiones raciales y de género. Específicamente, en este proyecto ponemos en diálogo estas perspectivas con la larga tradición en América Latina que analiza los vínculos entre el género y las desigualdades de acceso a la tierra presentes tanto en las leyes y reformas agrarias como en los procedimientos más concretos (Deere y León, 2001, 2003; Farah 2008, 2009; Farah y Pérez, 2003; Sañudo 2015, 2016). En este campo, los trabajos de orientación más marxista también han insistido en no separar la producción capitalista y la reproducción de la vida y de la sociedad (Federici 2004; Fraser 2020). En ese marco, los procesos de despojo deben ser examinados en las formas en que transforman y quiebran la reproducción de la vida misma, como, por ejemplo, lo han hecho diversos trabajos desde el Instituto Pensar (Ojeda 2016, 2017; Ojeda, Serna y Arias 2020; Sañudo y Aguilar 2018). Al respecto, las aproximaciones más etnográficas en estos campos de estudio, han mostrado las dimensiones cotidianas, lentas e intimas de los procesos de despojo, cuestionando además la separación misma entre espacios privados y públicos, íntimos y colectivos (Arias y Caicedo 2017; Berman y Ojeda 2020; Gago 2021; Haesbaert 2020; Zaragocín 2018). En Colombia hay una creciente literatura entre la academia, las organizaciones sociales y entidades estatales que muestran los vínculos entre despojo, racismo y violencias sexuales y de género, y cómo por eso los cuerpos racializados y feminizados son los más afectados (Cinep 2022). En ese sentido, también entendemos los conflictos territoriales no solo cómo involucrando distintas escalas, sino espacios y materialidades, empezando por el cuerpo mismo, como lo enfatiza el concepto de “cuerpo-territorio” (Haesbaert 2020; Ulloa 2016; Zaragocín 2021). Asimismo, desde estas perspectivas, que además abogan por la interseccionalidad, se ha estudiado cómo los grupos étnicos han sido racializados y feminizados, y desde ahí sus formas particulares de propiedad han sido marginadas o negadas (Curiel 2019). En este marco, para el análisis de los conflictos territoriales será fundamental el largo trabajo acumulado del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la FEAR, con quienes trabajaremos en alianza. Para analizar específicamente los proyectos estales y el proceso de adjudicación en el Porvenir, nos basamos en las aproximaciones antropológicas a la propiedad. Estas aproximaciones parten de entender la diversidad de concepciones y relaciones de propiedad que no se reducen a los títulos legales (Campbell 2015; Holston 2008; Malinowski 1935; Strang y Busse 2011). Este tipo de trabajos muestran que, así como con la propiedad privada, las nociones y reclamos sobre propiedades públicas, colectivas o estatales están moldeados cultural e históricamente (Hetherington 2011; Verdery 2003). Esta literatura es fundamental para entender los procesos legales, políticos y materiales que crean tierras particulares, como los baldíos, así como sus procesos de privatización o de adjudicación (Verdery 2011). En este marco, entendemos la neoliberalización de la propiedad de la tierra no solo en términos de que el mercado guie su distribución y que por esa vía los baldíos deban ser también para empresarios, sino como los procesos más amplios que llevan a que el fundamento de la propiedad no esté tanto en el trabajo, “la tierra para quien la trabaje”, sino en el núcleo ley/mercado (Hetherington 2011; Arias 2022). Justamente, al trabajar de la mano de campesinos e indígenas, daremos cuenta de cómo sus concepciones y reclamos de propiedad provienen del propio uso de la tierra y son moldeadas por él, y no solo por los procedimientos y documentos legales (Hetherington 2011). De esta manera, con esta investigación estudiaremos cómo la propiedad es un objeto de estudio central para entender la producción de espacios, sujetos y naturalezas, y las relaciones entre ellos. En este sentido, es clave entender cómo las visiones más dominantes sobre la propiedad siguen imponiendo a un sujeto masculino (Ojeda 2022). Asimismo, siguiendo a la geógrafa Gillian Hart (2006), mostraremos que “las memorias del despojo racializado”, y en nuestro caso también atravesadas por ordenamientos de género, moldean las luchas y reclamos de indígenas y campesinos por la propiedad de la tierra.