La calidad de las relaciones familiares y de cuidado en familias desplazadas con niños(as) entre 0-6 años en la ciudad de Bogotá.

El estado colombiano se ha comprometido en atender y proteger a las personas y familias víctimas del desplazamiento interno forzado, aceptando un reconocimiento de la crisis, un marco legal de protección a las personas desplazadas, acciones concretas y programas gubernamentales para atenderlas y protegerlas. Sin embargo, a pesar de ciertos avances positivos, como la ley 387 de 1997 que provee un marco legal e institucional, que permite responder a las emergencias de la población desplazada, atender de forma masiva y propiciar un acceso preferencial a los programas de asistencia social que ofrece el Estado (ACNUR, 2007), la respuesta gubernamental nacional, regional y local no ha logrado resolver de forma integral esta crisis y violación al derecho humanitario. El balance de la política pública de atención integral a la población desplazada por la violencia a nivel nacional ha sido catalogada por la Corte Constitucional un Estado de Cosas Inconstitucional - ECI (ACNUR, 2007). De acuerdo a la información y estadísticas provistas por el foro sobre la población desplazada en Bogotá y Soacha, que se realizó en el mes de octubre del 2002, la ciudad de Bogotá está siendo receptora de esta población de manera cada vez más creciente. Las respuestas gubernamentales a través de las agencias y programas del estado tales como Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD), la Red de Solidaridad Social (RSS) con el apoyo de las instituciones distritales, son lentas, insuficientes y prioritariamente centradas en asistencia humanitaria de emergencia, a pesar que en el plan de desarrollo de Bogotá hay estrategias específicas de atención para poblaciones vulnerables (ACNUR, 2003).