Justicia transicional, delito político y asilo.

En cuanto a la superación del conflicto armado, no poca cosa ha propuesto el Ejecutivo en el actual Congreso. La iniciativa del senador Roy Barreras busca abrir una puerta para los delincuentes políticos armados, cerrándosela a los delincuentes comunes (paramilitares y narcotraficantes) o a sectores militares involucrados en la guerra sucia. Las críticas de Human Rights Watch son de peso y dependerá de la polémica y de la sensatez política de unos y otros la aprobación de la reforma constitucional, que ya ha pasado por los debates reglamentarios de la Comisión Primera del Senado. En la última votación en la Comisión del Senado, el texto aprobado para ser discutido en la plenaria del Senado establece que se "regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la participación en política", una redacción que no incluye las restricciones propuestas por el ex presidente Álvaro Uribe y que de hecho modificará la esencia del delito político tal y como aparece hoy en el vigente Código penal. De todos modos, el hecho de que el Marco Legal para la Paz se haya inscrito en un proceso de justicia transicional permite avanzar en varios aspectos, si bien el conflicto armado no ha terminado . El punto interesante en el proyecto del senador Roy Barreras es que mantiene la figura penal del delito político, aunque con clara intención de modificarla. Como se sabe, ella es el soporte jurídico para la amnistía y el indulto pese a que haya sufrido menoscabo en su esencia, en particular durante los 8 años de gobierno de Uribe Vélez.