Indicadores de seguimiento de la financiación de la inversión pública ambiental en Colombia.

Desde hace más de veinticinco años Colombia viene implementando una política ambiental sustentada, desde el punto de vista jurídico, en el Código Nacional de Recursos Naturales. Este Código ¿y las normas que lo desarrollan¿ contempla una gran variedad de temas y establece grandes restricciones a las distintas actividades que de una u otra forma se relacionan con los recursos naturales renovables o afectan la calidad del medio ambiente. A pesar de la existencia de estas normas, desde hace varios años ¿y muy especialmente a principios de la década de los noventa¿ se intensificó en el país un debate en torno a la efectividad de las mismas. En buena medida los argumentos se centraron en torno a la capacidad de las autoridades ambientales para hacer cumplir los mandatos legales, como consecuencia del escaso desarrollo institucional del Estado para intervenir en los aspectos relativos a este tema. Dos hechos fundamentales marcan un hito que transforma radicalmente esta situación institucional. Por una parte la inclusión dentro de la Constitución Nacional de 1991 de un mandato explícito que gira en torno a la definición del derecho de las personas a vivir en un ambiente sano. Y por otra parte ¿derivada de lo anterior¿ la expedición de la ley 99 de 1993 que reforma de manera sustancial las instituciones del Estado relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables. Con esta reforma se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) liderado por el nuevo Ministerio del Medio Ambiente y se reestructura el marco jurídico básico que se venía desarrollando desde la década de los años setenta. Por otra parte, para crear condiciones tendientes a subsanar la debilidad institucional del Estado en la aplicación de la normatividad vigente, se establecen nuevos mecanismos de financiación de las entidades respectivas. Una característica relevante de los nuevos mecanismos de financiación de la política ambiental es que ahora se centra en dos fuentes de ingresos principales: la participación del sector ambiental en los recaudos del impuesto predial (de carácter municipal) y las transferencias del sector eléctrico en función del valor de la energía generada. Adicionalmente el diseño de las nuevas normas abre espacios relacionados con el financiamiento del sector, pero que tienen a su vez la característica básica de ser instrumentos económicos. Es decir, que pueden ser empleados para inducir cambios de comportamiento de los distintos actores sociales en función de los objetivos de la política ambiental. Dentro de este tipo de instrumentos se destacan las modificaciones establecidas a las tasas por contaminación del agua (tasas retributivas) y la redefinición de las tasas por utilización de este recurso (tasas de uso del agua). En este contexto, al iniciarse el nuevo gobierno en el 2002 se plantea una nueva reforma institucional caracterizada por dos características principales: a) la fusión del Ministerio del Medio Ambiente con el Ministerio de Desarrollo, dando origen al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; y b) una reforma a autoridades ambiéntales regionales y cambios en sus áreas de jurisdicción. Teniendo en cuenta este nuevo contexto institucional, el problema identificado para ser analizado por esta investigación se refiere al interrogante de la efectividad de los sistemas de asignación de recursos públicos y privados para implementar la política ambiental, en un escenario de la nueva reforma institucional. En este sentido, durante una primera fase de investigación en esta dirección se evaluó la incidencia de la reforma en la tendencia de asignación de recursos públicos a la implementación de la política ambiental. Se concluyó al respecto que la reforma de los años noventa permitió mantener una tendencia creciente de la asignación de recursos públicos a la implementación de la política ambiental. Esto se concretó en una asignación de recursos para implementar la política ambiental que se colocan en niveles cercanos al 0.5% del PIB con posterioridad a la reforma de principios de la década de los años noventa. Por otra parte, en el marco de la formulación del presente proyecto se inició una revisión de las propuestas metodológicas de construcción de sistemas de indicadores económicos y ambientales asociados, dentro de los sistemas de cuentas ambientales propuestas por Naciones Unidas. El interés por configurar sistemas de cuentas ambientales asociados a los sistemas de contabilidad nacional surge del reconocimiento de que estos últimos, a pesar de su importante función como sistema de indicadores del comportamiento de la economía, muestran vacíos importantes como sistemas de indicadores de decisiones y evolución de aspectos relativos con distintos aspectos sociales y ambientales. En esta primera fase de la presente investigación se hace entonces una reseña de los avances que durante la última década se han venido logrando en la incorporación de las cuentas ambientales dentro del sistema de contabilidad nacional, especialmente alrededor de la propuesta de cuentas integradas propuesto por Naciones Unidas. Se presentan diversas opciones conceptuales de abordar este reto y se analizan las aplicaciones que de ellas se han hecho en varios países del mundo con distinto nivel de desarrollo (Alemania, Colombia, Nueva Guinea y México) Durante esta primera etapa de la presente investigación se identificó igualmente la posibilidad unir esfuerzos con el DANE para consolidar sistemas de indicadores económicos de la política ambiental. En este sentido se busca continuar conjuntamente los desarrollos del presente proyecto, articulándolos al proceso de construcción de un sistema de contabilidad económico-ambiental integrada. Para tal efecto se buscaría retomar analíticamente el primer ejercicio piloto de Sistema Contabilidad Económico-Ambiental Integrada para Colombia (COLSCEA), adelantado por el DANE a finales de los años noventa. Con base en los resultados de la presente investigación se generarían entonces recomendaciones para que el país continúe avanzando en la construcción de este tipo de sistemas de indicadores económicos de la política ambiental.