Fortalecimiento del gobierno propio de los Consejos Comunitarios afrocaribes basado en la lucha contra la impunidad de graves violaciones a derechos humanos en el marco de JEP y una reparación con una visión étnico-territorial

La población afrodescendiente ha sido sujeto de subregistro en las bases de datos oficiales. Sin embargo, se estima que de los 10 departamentos con mayor presencia afrodescendiente en Colombia, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Sucre y Córdoba se encuentran en el Caribe. El desplazamiento forzado y otras violaciones a los DDHH han tenido una grave afectación sobre las comunidades negras. Advirtiendo esta situación, calificada por la Corte Constitucional como desproporcionada y con subregistro, esta entidad expidió medidas especiales para su protección y en especial de sus territorios, los cuales han tenido una baja concreción en la política pública de atención al desplazamiento y mantienen pendientes la estabilización socioeconómica y las reparaciones.Entre 1997 y 2016, desde cuando se tienen datos oficiales, en los municipios de la región Caribe cuyos Consejos Comunitarios participarán en el proyecto, las cifras de desplazamiento sugieren un significativo desarraigo y daños a los derechos colectivos de estas poblaciones, situación que apenas se empieza a reconocer en el Caribe a través de avances legales (ley 70 de 1993, ley 1148 de 2011 y decisiones judiciales como el auto 05 de Corte Constitucional). Los territorios de las comunidades negras del Caribe colombiano se han caracterizado por la existencia de continuas disputas por el control territorial entre diversos actores armados, para el establecimiento de industrias legales, como la agropecuaria y minero-energética, o ilegales y arbitrarias, que derivan en cambios de uso del suelo, deterioro ambiental y se vinculan a graves violaciones de DDHH en el marco del conflicto armado, como consecuencia o causa. El escenario judicial transicional de la JEP, abre la posibilidad de que quienes causaron daños en los territorios, tanto responsables materiales como intelectuales, deben ser investigados, procesados y sancionados con la participación activa de las víctimas y sus espacios organizativos en la región Caribe.La comprensión comunitaria del alcance de los crímenes sufridos en el conflicto, en especial del desplazamiento forzado, y su presentación a la JEP, desde los impactos colectivos y ambientales generados a los territorios de las comunidades negras, puede apoyar el desarrollo de rutas de reparación colectiva que eleven la gobernabilidad y gobernanza de las comunidades negras en sus territorios.