El impacto en el derecho al territorio de las violaciones de derechos humanos por parte de Empresas de la industria extractiva en Colombia.

Los señalamientos contra compañías por abusos de los derechos humanos han proliferado recientemente alrededor del mundo. Estos abusos incluyen la complicidad en regímenes autoritarios, tales como la provisión de gases venenosos usados en los campos de concentración y exterminio Nazi o bajo el régimen de Saddam Hussein en Irak. Las compañías también han financiado y sacado provecho económico de conflictos armados, como por ejemplo a través del comercio de los ¿diamantes de sangre¿ en la guerra civil en Angola. El desastre de Bhopal en 1984, así como las recientes prácticas laborales Chinas en Zambia, muestra como los negocios han abusado, o fallado en proteger, los principios básicos de seguridad y salud laboral de trabajadores, consumidores y comunidades. Las denuncias en contra de dichas prácticas se han llevado a cabo en todas las regiones por parte de víctimas, organizaciones de la sociedad civil e incluso por autoridades gubernamentales. Estas reclamaciones se han presentado tanto a nivel doméstico como ante órganos internacionales. A pesar de la consolidación de la democracia a nivel global, la protección de los derechos humanos, la responsabilidad social empresarial y los acuerdos y estándares en particulares sectores económicos y empresariales en materia de derechos humanos, el acceso a la justicia y la reparación por parte de las víctimas de los mencionados abusos sigue siendo escaso. Respecto de la industria extractiva tiene unas características especiales en Latino América, la explotación del petróleo y la minería han llevado a violaciones de derechos humanos en las comunidades donde estas explotaciones tienen lugar. Las violaciones a los derechos de las comunidades van desde homicidios, desplazamiento, torturas y desapariciones forzadas hasta la no consulta previa especialmente de comunidades indígenas y afro descendientes sobre la posibilidad de explotar dichos recursos en sus territorios (Consagrado en el Convenio 169 de la OIT). Así también se evidencia una dependencia y tendencia económica a la explotación de dichos recursos, y políticas públicas que co relacionan el desarrollo de la región con base en la posibilidad de dicha explotación. En este sentido se genera una relación compleja entre las empresas que explotan dichos recursos y el Estado. Las comunidades se ven afectadas en sus derechos y se observa que las instituciones de los Estado liberales no actúan en la defensa de los intereses de dichas comunidades. Este ha sido entre otros las protestas que tuvo lugar en Perú frente a los decretos que permitían la explotación minera y de petróleo en la Amazonia (Revista para la fundación del debido proceso No. 15, 2011). Recientemente los conflictos también se desarrollan con las violaciones al medio ambiente así las explotaciones mineras estas causando grandes daños al medio ambiente, contaminando la tierra y el agua. Este es el caso un municipio en Colombia, Piedras (Tolima) en el que se consultó a la población sobre si quería que se desarrollará actividades mineras para la explotación de oro en su territorio el 99% de la población señaló que no por la posibilidad en un municipio que vive de la agricultura de la contaminación del agua del rio Opia (El TIEMPO 30 de julio de 2013). Al respecto, el Estado central señaló que el subsuelo era propiedad de la nación y que por ello la comunidad afectada no podía interceder y decidir sobre dicha explotación. Respecto de los pueblos indígenas el Relator sobre derechos de los pueblos indígenas Jame Anaya, observa que ¿el modelo actual de extracción de recursos naturales tiene un problema fundamental ya que los planes se elaboran con poca o ninguna participación de las comunidades o pueblos indígenas interesados, y las empresas son a la vez las que tienen el control de la operación extractiva y las principales beneficiarias. El Relator considera que se necesita un nuevo modelo que fomente más la libre determinación de los pueblos indígenas¿ Los anteriores casos y pronunciamientos sobre los problemas de la industria extractiva están generando no solo en Colombia una confrontación entre el Estado y las poblaciones, pero además de ello un cuestionamiento sobre el Estado liberal y su función, sobre las políticas de desarrollo y el modo de llevarlas a cabo en países que como Colombia tienen una alta concentración de recursos en solo unas zonas del país. En este sentido, el presente proyecto indaga sobre la pregunta: ¿las implicaciones que tiene sobre el derecho al territorio las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas del sector extractivo? Esto permitirá encontrar tendencias comunes de violaciones de derechos humanos en este sector y señalar cuáles son las principales tensiones existentes. El presente proyecto procura responder a dicho interrogante mediante la documentación de casos en Colombia, y su sistematización. Para ello tendrá en cuenta entre otras bases de datos la información sobre denuncias o reclamos que contiene el Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) respecto de la industria extractiva en Colombia. El archivo del BHRRC es considerado como la colección más comprensiva de artículos periodísticos, documentos gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil, así como de reportes de derechos humanos producidos por las compañías. Adicionalmente se tendrá en cuenta otra información fallos judiciales, reportes realizados por ONG, y prensa local entre los años 2000 a 2014. La documentación de casos permitirá el desarrollo de explicaciones respecto de cuándo y cómo se presentan estas violaciones y cómo afectan el derecho al territorio. El proyecto está construido sobre la base de cuatro ejes derivados de la doctrina y políticas actuales en materia de derechos humanos y empresas: (i) la aproximación desde la lógica empresarial (e.g. reputación empresarial, competencia de mercado y cultura corporativa); (ii) la aproximación al contexto político y económico al nivel nacional (e.g. la dependencia económica del Estado respecto de las empresas, el Estado de derecho o la existencia de conflicto armado); (iii) la perspectiva responsabilidad empresarial (por ejemplo la suscripción de instrumentos de autorregulación por parte de las empresas), y; (iv) la aproximación de la movilización social (e.g. los recursos de los reclamantes, sus redes de apoyo e historias comunes de acción política).