Aparecer como ‘campesinos’. Las luchas por las condiciones de legibilidad de la población rural en Colombia.

En mi tesis doctoral en ciencias sociales abordé la reciente reaparición del campesinado como sujeto político en Colombia (Yie 2019). Notando la variedad de usos dados a la palabra campesino en América Latina (Almeida 2007, Baez 2009 2010, Wanderley 2015, Lombardi y Schiavinatto 2017) y bajo la idea de que las categorías con que designamos a agrupaciones humanas ayudan a darles forma (Brubaker 2004), una de las rutas analíticas adoptadas fue estudiar los usos dados a la categoría de campesino en el último siglo desde el estado colombiano y desde procesos de lucha social, así como a analizar los sentidos dados a la misma por dirigentes campesinos. Los avances logrados por otros investigadores (Arias 2005, Robledo 2018, Salgado 2002) y por mí me mostraron que estabamos muy lejos de agotar la cuestión. Sabemos aún muy poco sobre los usos de la categoría, los conflictos desenvueltos en torno y a través suyo, y los procesos que ayudaron a fijar y desplazar sus sentidos, lo que limita nuestra conprensión de la formación del campesinado como grupo social en Colombia. Con este proyecto busca profundizar en la investigación iniciada interrogandose por el papel que en el último siglo ha jugado la categoría de ‘campesino’ como mediadora la relación entre el estado colombiano y la población rural, y por cómo hoy está siendo activada en las disputas en torno a la forma en que dicha población se hace legible y en torno al valor atribuido al campesinado dentro de la nación. Según sostuve en mi tesis doctoral, desde la década de 1920, dicha categoría jugó un rol predominante en los procesos de intervención estatal sobre y lucha social de un porcentaje importante de la población rural. Sin embargo, desde la década de 1970 perdió fuerza, proceso que se intensificó entre 1990 y 2000, cuando la palabra ‘campesino’, hasta entonces anclada al discurso marxista sobre las clases sociales y a diversas versiones del discurso del desarrollo, será comúnmente desplazada por otras ligadas a los discursos multicultural, de emprendimiento rural, de atención a la pobreza, humanitario y transicional (Yie 2019). Pero, en la última década, en el marco de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las insurgencias, emerge un movimiento nacional en favor del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Con anclaje en diferentes regiones y articulado a una plataforma global como la Vía Campesina, dicho movimiento está soportado en una amplia red que conecta a dirigentes sociales con académicos, juristas, defensores de DDHH, funcionarios públicos y políticos ubicados en distintas posiciones dentro y fuera del estado. Además, toma forma a través de diferentes acciones: actos de protesta colectiva, litigio estratégico, impulso a proyectos legislativos, participación en procesos electorales, entre otras, en favor del reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos. Bajo ese contexto, se entrevén algunos arreglos institucionales y normativos: creación de espacios de interlocución entre el gobierno y las organizaciones campesinas, formulación de políticas, programas y proyectos dirigidas a una población catalogada como ‘campesina’, jurisprudencia que reconoce al ‘campesinado’ como ‘grupo de especial protección’ y que ordena su cuantificación y caracterización. Pero tales arreglos no han avanzado bajo el mismo ritmo en todas las instancias del estado, evidenciando la imposibilidad de pensarlo como una entidad monolítica y coherente (Abrams, 1988; Gupta y Ferguson, 2008; Mitchell, 2015), y el peso de las alianzas, adscripciones políticas y sensibilidades disciplinares de los agentes estatales sobre las respuestas institucionales y normativas a las demandas de los sectores populares. Adicionalmente, el giro hacia la derecha de varios gobiernos de la región, incluido el colombiano, y su apuesta por un modelo de desarrollo rural basado en la agroindustria, la gran empresa extractivista y la empresarización de las relaciones de producción en el campo (Duarte, 2019), siembran duda sobre su alcance. Ante este escenario es relevante continuar el estudio iniciado en mi tesis sobre la forma en que se expresan y desenvuelven los conflictos en torno a las demandas de reconocimiento estatal del campesinado como un sujeto de derechos. Pero más que registrar las acciones emprendidas desde el movimiento social o desde el estado, este proyecto avanza hacia la comprensión de la dimensión ideológica -esto es, conceptual y moral- de los conflictos en que tienen lugar. También se interesa por entender cómo, en los debates sobre las categorías a través de las cuales la población rural se hace legible y sobre los criterios bajo los cuales se define el valor del campesinado, se disputan las condiciones de distribución de la precariedad y de regulación de la vida en el campo colombiano. Hay varios planteamientos detrás de la propuesta. Primero, las acciones en favor del reposicionamiento de la palabra ‘campesino’ en el lenguaje oficial pueden entenderse como parte de una disputa por la forma bajo la cual la población rural se hace legible desde el estado colombiano. Al hablar de legibilidad, Scott (1998) se refirió a aquella condición que hace que ciertos fenómenos aparezcan bajo la óptica del estado luego de sufrir un proceso de simplificación y estandarización. Esto implica que lo real se torna visible luego de pasar por ciertas grillas que permiten la discriminación de entidades y su ubicación dentro de categorías ligadas a determinados sistemas de clasificación. Así, las disputas por las formas de legibilidad de la población se relacionan con los criterios según los cuales se establecen distinciones en su interior. Dichos sistemas, más si son activados desde el estado, tienen implicaciones distributivas y reguladoras (Bourdieu 1993 y 1989, Foucault 1968 y 2006, Corrigan y Sayer 2007, Alonso 2006, Arias 2005, Segato 2007). Organizan el acceso a bienes, poder político y aprecio social, aumentando o disminuyendo nuestra precariedad, aquella condición humana generalizada, pero desigualmente distribuida, de estar expuestos a los daños, la violencia y la muerte (Butler 2017). Además, al postular la existencia de grupos discretos, imponen modelos de comportamiento legítimos. Segundo, la forma en que los grupos humanos son nombrados tiene efectos sobre como sus miembros establecen continuidades y rupturas con el pasado, lo que vale para el término ‘campesino’. Siendo una palabra que ha estado involucrada en diferentes acciones emprendidas desde el estado sobre la población rural del país o en sus procesos de lucha, puede activar diferentes memorias e integrarlas dentro de la representación que de su pasado se forjan quienes se identifiquen con ella. De allí que estudiar cómo el término campesino ha sido activado en el pasado es condición para entender las implicaciones profundas de la apuesta por reinstalarlo en el lenguaje oficial, pero también la negativa de ciertos sectores a hacerlo. Tercero, las disputas por los nombres que nos son asignados comprometen esfuerzos por controlar lo que significan. En el caso analizado, varias organizaciones vienen reformulando el contenido de la categoría de campesino mediante su entramado en el discurso multicultural (Yie, 2019). Apoyándose en el discurso experto, vienen apostándole a una noción de campesinado como un grupo portador de una “cultura” o “forma de vida” singular; semejante a lo ocurrido con los sujetos étnicos en el discurso multicultural (Bocarejo y Restrepo 2011). Al hacerlo, ponen en juego determinados criterios para establecer el fundamento moral de los derechos que reclaman para los campesinos y de su propio derecho a existir como grupo social de la nación colombiana. Un análisis cuidadoso sobre las formas pasadas y recientes de producción de lo que podríamos llamar una economía moral del derecho a existir de los distintos grupos también está por hacerse, por lo que se pretende aportar en esa dirección. Para responder a las cuestiones planteadas se combinará la investigación documental, la entrevistas a profundidad, la observación etnográfica de escenarios de debate sobre el reconocimiento de derechos a campesinos y talleres con dirigentes. Junto a la publicación de artículos académicos, el proyecto contempla productos orientados a un público más amplio: un informe ejecutivo para circular entre organizaciones campesinas y entidades vinculadas con el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho, y una exposición sobre representaciones históricas del campesinado en el Archivo General de la Nación en Bogotá[1]. El proyecto ampliará el conocimiento sobre: los usos pasados y presentes, oficiales y no oficiales, de la categoría de campesino; sus vínculos con los conflictos distributivos y la regulación de la vida en el campo; y sobre los discursos mediante los cuales se ha disputado el derecho del campesinado ha existir. La investigación aportará elementos al debate en que vienen envueltos representantes de organizaciones sociales y de entidades del estado en torno a las implicaciones económicas, políticas y culturales de las categorías usadas para designar a la población rural desde el estado. Finalmente, contribuirá a involucrar en el debate a un público más amplio que el compuesto por académicos, dirigentes sociales y funcionarios estatales. [1] En este momento se adelantan conversaciones con el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia y con el Banco de la República para definir una posible alianza de estas entidades para la exposición. No se incluyó su información en la casilla de colaboración de otras entidades debido a que las condiciones de esa alianza están por definirse.