Análisis del alcance y las limitaciones propias de las herramientas de índole jurídica vigentes, correspondientes a diversas áreas del Derecho Público colombiano, diseñadas para dar respuesta al fenómeno de la corrupción transnacional.

Para poder desplegar sus actividades a lo largo del tiempo, las organizaciones del crimen transnacional organizado requieren, entre otras cosas, disponer de una conexión estructural con los poderes públicos (administrativo, legislativo y judicial) y privados (en particular el sector financiero) del ámbito en el que operan, lo que hace que la corrupción juegue ¿un papel medular¿ en sus actividades (Domine, 2007). En consecuencia, debido a su estrecho contacto con el sistema financiero legal y con el sistema político encargado de diseñar la legislación y promover su aplicación, no llevan a cabo sus transacciones ilícitas aprovechándose de ¿vacíos legales¿, sino de la interacción social con las autoridades en los territorios y jurisdicciones en los que realizan sus actividades (Kleemans, 2014).Como Baum, Gupta, Kimani y Tapsoba (2017) han demostrado en relación con el ámbito tributario en particular, uno de los principales problemas que presenta la corrupción son los numerosos casos de agentes del estado involucrados en casos de omisión del cobro de impuestos o que participan en esquemas relativos al pago o cobro de devoluciones indebidas de la administración tributaria. Dreher & Herzerfeld (2005) han demostrado en un estudio relativo a 71 países las graves consecuencias de la corrupción en el crecimiento económico y los servicios sociales. Así, en sus conclusiones reflejan que un incremento de la corrupción en un 1% genera una reducción aproximada del 0.13% en el crecimiento del PIB, debido, entre otros factores, a que la corrupción desaliente la inversión extranjera, reduce la productividad y distorsiona la asignación del gasto público. Así mismo, según un informe del Banco Mundial de 2018, la corrupción genera mayor vulnerabilidad en la población sin recursos debido a la limitación en el acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la justicia, como consecuencia del incremento de los precios y la menor inversión estatal. En consecuencia, es este sector el que soporta en mayor medida el coste de la corrupción. Esta situación ya había sido planteada por Dreher & Herzerfeld (2005), al comprobar que tanto los niveles de matriculación de niños en el colegio, como la esperanza media de media se ven afectados por el incremento de la corrupción.En Colombia, el acuerdo de paz (2016) entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (`FARC¿) no ha puesto fin a las economías ilegales, especialmente al narcotráfico, lo que ha favorecido la pervivencia de numerosas organizaciones armadas ilegales que siguen amenazando a las comunidades y llegan en ocasiones a afectar el orden público y la seguridad nacional. A pesar de sus diversas denominaciones, muchas de estas organizaciones son incluidas en la categoría general de bandas criminales (`Bacrim¿), que emergieron tras la desmovilización parcial de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006, como parte de la lógica adaptativa del sistema organizacional de la economía ilegal del narcotráfico. Las Bacrim han sido definidas como `estructuras delincuenciales, nacionalmente desarticuladas, con un alto poder corruptor, intimidador y armado que han combinado la producción y comercialización de drogas con la afectación violenta de los derechos y las libertades de los ciudadanos en las zonas rurales y en la periferia de algunos centros urbanos del país¿(International Crisis Group, 2012).Rojas (2011) afirma que, si bien las Bacrim no buscan el poder político, su objetivo principal es alcanzar el poder económico y social a través de acciones de violencia focalizada, con un ámbito de actuación transnacional. Por su parte, para Prieto (2013), las Bacrim constituyen un fenómeno (i) propio del crimen organizado; (ii) construido alrededor del narcotráfico y otras actividades económicas lícitas e ilícitas como la minería, la micro-extorsión o el micro-tráfico; (iii) desligado teóricamente de las lógicas del conflicto armado en términos jurídicos y militares; (iv) de bajo perfil, urbano, con estructuras en su mayoría no militares, pero con capacidad para administrar territorios y ejercer amplio control social en lo local; (v) con capacidad para realizar alianzas transitorias con grupos guerrilleros en el nivel nacional, y con cárteles y redes criminales a nivel internacional; (vi) con capacidad para infiltrar instituciones y corromper miembros de la fuerza pública y funcionarios públicos; y (vii) responsable de un número significativo de masacres, homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones y hechos de reclutamiento forzado de menores, entre otros hechos delictivos. El sistema organizacional alimentado por el narcotráfico en Colombia no es aislado, ni se limita territorialmente al territorio colombiano. Así Prieto (2013) subraya en relación con las Bacrim, que miembros de sus brazos armados o financieros mantienen presencia física constante en países limítrofes y con debilidades en las zonas fronterizas, como Venezuela, Ecuador o Perú. Tienen además estrechos vínculos con organizaciones delictivas locales en países con alta participación en eslabones importantes del narcotráfico, como es el caso de México. Sus contactos se extienden también a países como Honduras y Panamá en Centro-América, y Argentina, Bolivia y Paraguay en Suramérica, para llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de bienes, lavado de activos y testaferrato. Mantienen además puntos de enlace para el narcotráfico en otros países de Suramérica como Brasil y Chile. Su ámbito de acción e influencia llega incluso hasta los mercados de destino, y en particular hasta los EEUU (donde para septiembre de 2011 más de un centenar de personas relacionadas con las Bacrim habían sido acusados en el sur de Florida) y Europa (especialmente, España).La existencia de organizaciones como las bacrim se considera como una amenaza importante para las instituciones, puesto que su poder socio-económico les permite sobornar funcionarios, interferir en procesos democráticos, afectar la manera en que ciudadanos y comunidades se relacionan con la institucionalidad (perpetuando escenarios de ilegalidad) y propiciar el retroceso de la acción de los Estados en materia de política social, administración de justicia y gobernanza local (Olasolo & Galain 2018). A esto hay que añadir que los costos humanos y sociales de la actuación de las bacrim son muy altos, debido al elevado número de homicidios, secuestros extorsivos, actos de terror hacia la población y desplazamientos forzado que cometen, además de los problemas de salud pública derivados del micro-tráfico de drogas que generan entre las comunidades en las que operan. Es precisamente a este tipo de situaciones de violencia y a sus impactos, fruto de las actividades de las organizaciones del crimen transnacional organizado, y en particular de la economía ilegal del narcotráfico, a las que se refiere la línea de investigación 7.3 de la convocatoria a la que se presenta este proyecto, que bajo el título `violencia y sus manifestaciones¿, busca indagar `los fenómenos, causas y efectos que algunos tipos de violencia presentan en la sociedad¿.Este panorama de la delincuencia transnacional organizada en Colombia, y en un marco más amplio en las Américas, ha llevado a que, desde el derecho público comparado, se refleje la necesidad de articular, en el ordenamiento jurídico interno, respuestas integrales que armonicen las herramientas que en los últimos años se han venido desarrollando aisladamente en sus diversas áreas (incluyendo el derecho electoral, el derecho administrativo, el derecho tributario y el derecho penal), con el fin de ofrecer una respuesta eficaz frente a las organizaciones del crimen transnacional organizado, sobre todo en el ámbito de la lucha contra una actividad tan central en su actuar como es la corrupción. Así mismo, dada la dimensión transnacional de las organizaciones del crimen organizado que operan en Colombia y las Américas, se observa la necesidad de recurrir al derecho internacional para incrementar la eficacia de la respuesta jurídica a estas organizaciones.Con base en lo anterior, el proyecto que aquí se presenta, se dirige a elaborar una estrategia de respuesta en Colombia desde el Derecho público (particularmente, desde el derecho electoral, el derecho administrativo, el derecho tributario y el derecho penal) a la corrupción asociada al crimen transnacional organizado. Para dar abordar el problema de investigación planteado, primero, se hará una revisión a profundidad de cuáles son los instrumentos jurídicos a disposición de la lucha contra el crimen transnacional en el derecho público colombiano Posteriormente, tras esta indagación, se abrirá paso a una comparación con otras experiencias latinoamericanas (México, Chile y Brasil), en perspectiva de identificar tanto lo puntos en común como las divergencias en términos del fenómeno social del crimen, como en las distintas soluciones normativas aportadas por cada país. En última instancia, se buscará aportar elementos hacia el diseño de una estrategia que responda eficazmente desde el Derecho público colombiano a la corrupción asociada al crimen transnacional organizado, poniendo especial atención a la respuesta que se ofrece desde el Derecho internacional (la cual se elaborará en el Proyecto III del Programa de Investigación en el que también se integra la presente propuesta como Proyecto II). La elaboración de ambos proyectos requiere, sin duda, de un mejor entendimiento de la corrupción asociada al crimen transnacional organizado, lo que se pretende facilitar a través del estudio, desde una perspectiva evolutiva, y a partir de la simulación de sistemas sociales con el software Netlogo 5.0, de las dinámicas de comportamiento de las organizaciones involucradas en el sistema de narcotráfico marítimo en Colombia y las Américas, que se llevará a cabo en el marco del Proyecto 1 del presente Programa.