Alternativas al desarrollo y políticas públicas

El debate sobre el desarrollo ha cobrado nueva vigencia y significados en América Latina, impulsado por un momento histórico caracterizado por un buen desempeño de las economías de la región (aunque actualmente con signos de ralentización) y un mayor protagonismo de la misma en un mundo de configuración multipolar; a la vez que los países centrales tienen dificultades para continuar siendo referentes del modo de desarrollo occidental, producto de la crisis económica, social e institucional que enfrentan (GT-CLACSO, 2015). A pesar de esta coyuntura favorable, el patrón de desigualdad que distingue negativamente al subcontinente no ha sido revertido, por lo que el debate sobre un desarrollo propio se hace necesario y se enfoca al cuestionamiento del modelo hegemónico economicista, apostando por el reconociendo de otros desarrollos, estos no como proceso universal, sino como producto propio de cada experiencia. Esta forma de entenderlo, es decir como proyecto, y no como receta a aplicar definida tecnocráticamente y de forma exógena, otorga a los actores el papel de portadores de una concepción cuyo objetivo sea la amplitud de derechos y el bienestar, antes que los logros económicos bajo el presupuesto del derrame. Sí bien en América Latina, no es posible hablar de un cambio de paradigma sobre el desarrollo, sí es apreciable un cierto resquebrajamiento del concepto hegemónico y la redefinición de algunas de sus dimensiones. El énfasis en el crecimiento económico deja paso ahora a una mayor centralidad de lo social. Surgen así nuevos focos de atención, desde cuestiones tales como la justicia, la calidad institucional, la igualdad en todas sus formas, la participación política, la ciudadanía social, la posibilidad de que las personas desarrollen sus capacidades, la ampliación de oportunidades, la integración regional; y, la conservación de recursos naturales, no solo concibiéndolos como insumos para la producción, sino como parte integral del bienestar y la sostenibilidad de los países de la región. Así estamos asistiendo a la emergencia de narrativas y prácticas que pueden leerse como acciones para agrietar los cimientos que sostienen el modelo hegemónico, en la medida en que apuntan a visibilizar, reconocer y posicionar significados alternativos. En el marco de los cuales está teniendo lugar la resituación de los conceptos y prácticas desarrollistas, desvistiéndolas de ser principios organizadores centrales de la vida social (Escobar, 2005), es decir como procesos de resistencia a la colonialidad/modernidad/eurocentrada como diría Quijano (2012). La crítica a la noción de progreso; el cuestionamiento sobre la fuerza que se le ha dado al mercado como ente integrador de la sociedad; la apuesta por quitar la centralidad que tienen los conocimientos expertos como maneras para acercarse a la sociedad y sus dinámicas (la que es vista de manera fragmentada); son algunos de los aspectos que evidencian que se está apuntando a una revaluación de los fundamentos que han dado lugar al desarrollo y además lo han legitimado. La asunción de prácticas y alternativas al desarrollo o los cambios en el paradigma, requiere a su vez de nuevas herramientas de análisis y de acción que les permitan su viabilidad. En sentido estricto requieren de la construcción de nuevos enfoques y conceptos sobre las políticas públicas, es decir propuestas complejas desde las que sea posible operativizar los fines de estas versiones del desarrollo y establecer los medios más adecuados para conseguirlos. En palabras de Coraggio (2006:27) es clave la exploración y construcción de enfoques novedosos que superen los planteamientos hegemónicos (centrados en el ciclo de la política) lo que implica la superación de las formas en que se ha venido monitoreando, evaluando y comparando el desempeño dentro y entre los países. En últimas se trata de asumir las políticas públicas desde una necesaria ¿reflexión sobre las serias implicaciones políticas y de hecho sociales, que conlleva asumir en cada contexto una concepción u otra de desarrollo como expresión política¿ (Aristizabal, 2010, p. 51). Sí bien existe consenso en que el desarrollo no es sinónimo de crecimiento económico, donde el indicador por excelencia pasa a ser el PIB (sustentado en la idea de la existencia de un efecto de ¿derrame¿); también es cierto que la amplitud de perspectivas presentes en el debate actual, generan el desafío de buscar aspectos que permitan conocer el estado de un territorio (subnacional, nacional, transfronterizo, regional, etcétera) con relación al bienestar de la población, la democracia, el respeto a la diversidad cultural, la sostenibilidad ambiental, o cualquier otra gama de aspectos que, tomados por separado o de forma conjunta, estén incluidos en la definición que se haya hecho del concepto ¿desarrollo¿. Relativo a la anterior esta propuesta se ancla en la necesidad de repensar críticamente la relación entre desarrollo y políticas públicas, con la finalidad de diseñar propuestas teóricas y metodológicas que sean la base de la construcción de políticas públicas cuyo objetivo sea la operativización de las alternativas al desarrollo. En este sentido es clave el preguntarnos también por cómo las propuestas que surgen en el marco de reflexiones que diversos actores llevan a cabo, deben y pueden hacerse viables a través del diseño e implementación de políticas públicas. Tal como lo establece Schweinheim (2011) en este contexto es urgente pensar desde diferentes frentes y proponer una nueva matriz de políticas estatales, desde las que sea posible operativizar las diferentes tendencias que sobre el desarrollo están surgiendo en la región.